La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este jueves la creación de un grupo de trabajo para Nicaragua con el fin de apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles para la crisis.
La formación del grupo de trabajo recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA, lo que muestra una seria preocupación del continente americano sobre Nicaragua.
La votación se celebró durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington. Solo cuatro Estados miembros votaron en contra (Nicaragua, Venezuela, Bolivia y San Vicente y las Granadinas), mientras que ocho se abstuvieron y dos estuvieron ausentes.
Para superar la barrera de los 18 votos necesarios para la resolución, los ocho impulsores de la medida (EE.UU., Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina) tuvieron que introducir cambios en su propuesta original, que sugería la creación de una comisión especial y no de un grupo de trabajo.
El comunicado estableció que el objetivo del grupo será contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua, y añadió que eso se hará incluso por medio de consultas con el gobierno de Nicaragua, una frase que no había sido incluida en la propuesta original.
Denis Moncada, ministro nicaragüense de Asuntos Exteriores, expresó su oposición a la que sería una de las mayores competencia de ese grupo de trabajo: designar una misión que visite el país, para lo que siempre es necesario el consentimiento del Ejecutivo correspondiente.
«El gobierno de Nicaragua no va a permitir que llegue a nuestro país, a nuestro territorio, ningún grupo de trabajo creado por el Consejo Permanente» de la OEA, dijo Moncada en declaraciones a la prensa.
Otra de las misiones más importantes del grupo será respaldar el diálogo nacional en Nicaragua, que comenzó en mayo con la mediación de la Iglesia Católica y que se estancó debido al rechazo del Gobierno a adelantar las elecciones fijadas para 2021, principal reclamo de la oposición.
En concreto, señaló la resolución, el grupo de trabajo dará su apoyo al diálogo con medidas de apoyo, acompañamiento y verificación, en coordinación con los esfuerzos en curso de la OEA, así como del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), organismo que se baraja como nuevo garante del diálogo.
El grupo entregará mensualmente al Consejo Permanente un informe sobre «sus gestiones y progresos».
La creación de ese grupo supuso un paso innovador en la historia del organismo, destacaron los embajadores ante la OEA de México, Jorge Lomonaco, y de Colombia, Andrés González Díaz.
«Es la primera vez que se crea un órgano subsidiario del Consejo Permanente con estas características para una situación como Nicaragua, es un mecanismo innovador», indicó Lomonaco, quien consideró que el «grupo de trabajo» reforzará la relevancia de la OEA en la crisis en Nicaragua.
González Díaz subrayó la importancia de haber creado un «instrumento» para dar seguimiento a la crisis, más allá de las palabras puestas en las resoluciones ya aprobadas.
«Las declaraciones son importantes, pero no son suficientes, por eso en ese momento se crea un grupo de trabajo que tiene la característica de la eficiencia y la característica de poder responder a la velocidad en la que se presenten los acontecimientos», aseveró.
Los integrantes del «grupo de trabajo» serán designados a más tardar el 10 de agosto. Estará compuesto por un mínimo de cinco miembros que representan a cada uno de los grupos regionales en la OEA: el Sica, la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), la Comunidad del Caribe (Caricom), así como Estados Unidos y Canadá.
A esos cinco se sumará un número indeterminado de naciones, que el 18 de julio votaron a favor de otra resolución para condenar la violencia en Nicaragua.
Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril y han dejado 317 muertos, de acuerdo a las últimas cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que otras organizaciones humanitarias contabilizan 448 víctimas mortales y el gobierno, 195.