Directivos del grupo JBS -empresa de alimentación brasilera- que colaboran con la justicia confesaron que pagaron sobornos por 80 millones de dólares al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y a su sucesora Dilma Rousseff, según documentos divulgados por la Corte Suprema.
Lula y Rousseff, ambos del opositor Partido de los Trabajadores (PT) y que ya responden en tribunales en diversos procesos, fueron acusados por directivos del gigante cárnico JBS de facilitarle a esa empresa el acceso a multimillonarios créditos del banco de fomento estatal, pagados desde 2005.
Según esos testimonios, el intermediario de esas negociaciones era Guido Mantega, quien fue ministro de Hacienda en los Gobiernos de Lula y Rousseff y que también ha sido acusado de ejercer ese mismo papel por la empresa Odebrecht, beneficiaria de contratos amañados con la estatal Petrobras.
En los documentos revelados por la corte, uno de los dueños de JBS, Joesley Batista, y el exdirector de Relaciones Institucionales del grupo Ricardo Saud, sostienen que los sobornos pactados con Mantega desde 2005 alcanzaron la suma de 80 millones de dólares, depositados en diversas cuentas bancarias abiertas en el exterior.
A cambio, JBS se beneficiaba de créditos del Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES), entidad de fomento estatal que también es investigada por supuestas irregularidades relacionadas con la trama corrupta descubierta hace tres años en Petrobras.
Según los documentos divulgados este viernes, Batista explicó que había «similitudes» entre su forma de operar con el BNDES y las prácticas en Petrobras, en la que empresas privadas obtenían contratos de obras a cambio de voluminosos sobornos a políticos y ex directores de la petrolera.
En uno de los trechos de la confesión, que tiene más de 2.000 páginas, Batista dijo a la justicia que varias veces preguntó a Mantega si Lula y Dilma estaban al tanto de todas las negociaciones y que el ex ministro siempre lo confirmó.
Estas nuevas revelaciones pudieran enredar aún más la situación jurídica de Lula, quien ya responde como reo en cinco causas penales vinculadas en su mayoría a hechos de corrupción asociados a la red de Petrobras, que salpica a decenas de políticos y empresarios.
Rousseff, por su parte, es objeto de un proceso penal por unos supuestos intentos de obstaculizar la acción de la justicia en casos relacionados con la misma trama corrupta en la petrolera estatal.
Bajo sospechas similares, y también sobre la base de la confesión de los ejecutivos de JBS, la Corte Suprema ha decidido investigar al presidente Michel Temer, cuyo gobierno en ha sumergido en una grave crisis por estos testimonios.