La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía anunciaron la desarticulación de una de las más grandes estructuras dedicadas al contrabando de reses desde Venezuela.
Entre los 12 capturados aparecen tres miembros de una conocida familia de ganaderos de Arauca que poseen cerca de 500 hectáreas de terreno en la zona limítrofe, de acuerdo con El Tiempo de Colombia.
Se trata de los Quenza, a quienes los investigadores señalan de generar decenas de cupos ficticios para movilizar ganado criollo.
En realidad era traído por trochas y planchones desde Venezuela.
Las reses fueron comercializadas en Villavicencio (Meta). No tenían ningún tipo de vacunas ni control.
Esto generó un alto riesgo de contagio de la fiebre aftosa que golpeó al país el año pasado.
Los ganaderos fueron identificados como María Luisa Quenza Jiménez y sus primos Aura Lucía González Quenza y Camilo Humberto Martínez Quenza.
Están vinculados a varias extensiones de tierra en la vereda Feliciano, ubicada en el municipio de Arauca.
«Estas personas habrían usado el río Arauca, vías terciarias y trochas para cruzar la frontera con el ganado hasta lograr asentamiento en sus predios. Y posteriormente, distribución a otros ganaderos de la región”, informó el general Buitrago.
Al menos uno de ellos también aparece recibiendo subsidios de la Gobernación para acceder a casas de interés social.
447 millones de pesos
El director de la Polfa, general Juan Carlos Buitrago, explicó que Los Quenza, junto con el también ganadero Alejandro Martínez González, realizaron al menos 17 movilizaciones ficticias de reses por el río Arauca.
Con esos cupos la red pudo ingresar al menos 417 bovinos de contrabando por un valor aproximado de 447 millones de pesos. El precio lo triplicaban en Colombia.
Para legalizar el ingreso del ganado, funcionarios activos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) modificaron y falsificaron información.
La fiscal Claudia Carrasquilla, jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana, dijo que en las verificaciones se constató la existencia de un grupo de ganaderos conformados por una misma familia que habría insertado datos falsos y obtenido ilícitamente guías de movilización.
«Además de los Quenza, fueron judicializados dos funcionarios activos del ICA, cinco ex funcionarios y un llamado vacunador», explicó el oficial en rueda de prensa con la Fiscalía.
Los funcionarios activos que aparecen en la investigación fueron identificados como Yudaise González y Rosmira Caile Márquez. Están señaladas de, supuestamente, generar guías adulteradas para cargarlas al sistema SIGMA del ICA.
De hecho, fue el propio ICA quien alertó sobre la desmesurada presencia de ganado en Villavicencio.
Los capturados serán presentados ante un juez de garantías para que explique por qué sus nombres aparecen en los movimientos sospechosos de ganado desde Venezuela.
Las autoridades señalaron que pedirán que se les procese por los delitos de favorecimiento y facilitación del contrabando, falsedad material en documento público y concierto para delinquir.
Cifras oficiales suministradas por la Polfa señalan que, desde 2018, se han decomisado 133.453 kilos de carne, tasada en cerca de 1.249 millones de pesos.