El juez Sergio Moro, responsable por la operación Lava Jato en primera instancia, aceptó la invitación del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para ser ministro de Justicia del próximo gobierno del ultraderechista y se comprometió a llevar adelante una «fuerte agenda anticorrupción».
Moro se desplazó hasta Río de Janeiro y mantuvo una reunión durante cerca de una hora y media con Bolsonaro, quien ya había manifestado su interés de que el magistrado fuera ministro de Justicia o magistrado del Tribunal Supremo de Brasil cuando se abriera la próxima vacante.
El juez ganó fama por llevar a la cárcel a importantes empresarios y políticos, entre ellos al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien condenó por corrupción pasiva y lavado de dinero
«Después de la reunión personal en la cual fueron discutidas políticas para la cartera, acepté honrado la invitación. Lo hice con cierto pesar porque tendré que abandonar 22 años de magistratura», señaló Moro en un comunicado enviado por su asesoría.
Moro subrayó que la perspectiva de «implementar una fuerte agenda anticorrupción y contra el crimen organizado, con respeto a la Constitución, a la ley y a los derechos» le llevaron a aceptar la invitación del capitán de la reserva del Ejército.
«En la práctica, significa consolidar los avances contra el crimen y la corrupción de los últimos años y alejar riesgos de retrocesos por un bien mayor», agregó.
El magistrado de la decimotercera corte penal del Tribunal Federal señaló que la operación Lava Jato, la cual ha dirigido en primera instancia en los últimos años, seguirá en la ciudad de Curitiba (sur) «con valerosos jueces locales».
Informó también que para evitar «controversias innecesarias» se apartará inmediatamente de nuevas audiencias y concederá una rueda de prensa para ofrecer más detalles.
Moro es considerado por algunos sectores como un símbolo de la lucha anticorrupción, pero se ha convertido en el centro de las críticas del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula da Silva desde prisión.
El juez condenó a Lula en 2017 a 9 años y medio de prisión por corrupción al hallarle culpable por recibir sobornos de la constructora OAS a cambio de favores durante su Gobierno.
Posteriormente decretó su ingreso en prisión cuando la pena fue ratificada y ampliada hasta los 12 años y un mes de cárcel en segunda instancia.
El ex presidente, encarcelado desde el pasado abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba, es el principal rival de Jair Bolsonaro, quien el domingo ganó las elecciones con 55% de los votos frente a 44% que obtuvo el progresista Fernando Haddad, sucesor de Lula.