El presidente de facto de Brasil, Michel Temer, es investigado por la Policía Federal por supuestamente estar inmerso en lavado de dinero y refacción de propiedades.
La causa fue abierta hace seis meses ante la sospecha de que el mandatario recibió un soborno a cambio de un decreto sobre el sector portuario. Ahora los investigadores presumen que ese dinero podría haber sido utilizado para hacer reformas en casas de familiares y disimulado en transacciones inmobiliarias a nombres de terceros, reseña Russia Today.
Según la información difundida hasta el momento la empresa Rodrimar habría sido favorecida con el llamado Decreto de Puertos 9.048/2017, que aprobó un paquete de licitaciones para incentivar a empresarios nacionales y extranjeros a invertir en zonas portuarias de Brasil. En concreto se aumentó el plazo de las concesiones de las áreas portuarias de 25 años a 35 años, con posibilidad de prórroga por hasta 70 años.
Esta compañía sería la responsable de haber entregado dinero al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) liderado por Temer, a cambio de que sancione esta legislación.
Para determinar las responsabilidades de Temer, la Policía de Brasil pidió a la Corte Suprema un lapso de 60 días que le permitirán culminar con las investigaciones en curso, reseña por su parte Telesur.
De ser aprobado el plazo de 60 días, esta sería la segunda vez que la Policía Federal solicita ampliar el lapso para terminar esta investigación tras la prescripción concedida el pasado 27 de febrero por el magistrado de la Corte Suprema, Luís Roberto Barroso, responsable del caso.
Luego de conocer estas acusaciones, Temer se defendió y también a su familia a través de Twitter.
«Quiero protestar contra mentiras que son lanzadas contra mi honra», dijo el mandatario, aclarando que no se trata de mentiras solo por su función sino a su «honra personal», dijo.
La Administración de Temer también es acusada de dar sobornos a la iglesia evangélica Sara Nuestra Tierra, en Brasilia, que se convirtió en predicadora de la Reforma de la Seguridad Social; entre el 2017 y el 2018 la coima habría alcanzado los 800.000 dólares.
A comienzos de marzo, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, abrió una investigación para conocer los activos en las cuentas bancarias del presidente de facto, Michel Temer, por supuesto fraude de un decreto portuario.