Fernando Balda, el político que puede llevar a la cárcel o al exilio a Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, por intento de secuestro en el 2012, espera que su caso judicial ayude a desenterrar el lado más oscuro del correísmo.
«El país entero, el mundo, debe saber que el caso de Fernando Balda no es el único crimen de Estado que se cometió durante diez años de correísmo. Hubo una persecución sistemática a opositores, a personas que opinaron contra el gobierno», dijo Balda.
De 46 años de edad, casado en segundas nupcias, padre de seis hijos y abuelo, Balda lleva años en los titulares de la región, pero su nombre resuena ahora a escala internacional porque su denuncia podría llevar al ex mandatario a prisión.
Los hechos se remontan al 2012, cuando habiéndose refugiado de la justicia ecuatoriana en Colombia por una demanda de injurias al gobierno, sufrió un intento de secuestro del que responsabiliza directamente a Correa.
«Está demostrado que las órdenes vinieron de la Presidencia de la República y pasaron por el Ministerio del Interior», afirmó con contundencia sobre un proceso judicial aún en fase de instrucción.
Por ahora Correa ha sido únicamente vinculado al caso penalmente con base en correos entre los autores materiales y la Presidencia, y depósitos que fueron realizados a la Secretaría de Inteligencia para una supuesta operación de secuestro.
Según Balda, que estuvo en manos de sus captores apenas hora y media hasta que fue rescatado por la Policía, su plagio fue perpetrado por un grupo delictivo colombiano contratado por los servicios de inteligencia ecuatorianos, y estos respondían a las órdenes de Correa.
«¡Mi caso es tan transparente! ¡Hay tantas pruebas! Hay viáticos aprobados por la Presidencia, cheques girados de la cuenta del Banco del Pacífico de la Dirección General de Inteligencia a nombre de Raúl Chicaiza, autor confeso de mi secuestro», apuntó.
La defensa de Correa afirma que el hecho de que los mandos medios de la Inteligencia puedan estar implicados en un caso, por el que ya hubo un juicio en Colombia, no significa que la orden viniera de él.
Pero Balda, director nacional de Acción Política y Estructura del partido Adelante Ecuatoriano Adelante (ex Prian), es tajante en su acusación.
Evocó un informe de la Contraloría, presentado el lunes en la audiencia de vinculación, que menciona unos pagos por una «Operación Secuestro», tal y como figura en unos documentos.
Aduce que los altos funcionarios del régimen de Correa se creían omnipotentes: «¡No es que eran brutos, eran intocables!».
«Por eso dejaron tantas pistas (por ejemplo, Chicaiza alquiló los vehículos del secuestro a su nombre). Además, no esperaban que yo terminase con vida», señaló al recordar las grabaciones en vídeo de los hoteles donde se reunieron los agentes ecuatorianos con los sicarios en Colombia.
La defensa de Correa habla de una venganza de aquellos círculos de derechas y económicos que se vieron afectados por sus políticas.
Por aquellos años asambleísta de oposición, el político pronto denunció supuestos casos de corrupción que aseguró llamaban a las puertas de la Presidencia, hasta que un día, dice, fue demasiado lejos.
«Creo que mi pecado fue el haber metido el dedo en la yaga», dijo sobre una denuncia que hizo por un canal de televisión acerca del espionaje a políticos de oposición y periodistas, lo que le valió en el 2011 la condena por calumnias.
Ante el temor de ir a la cárcel, se exilió en Colombia, donde pasó, antes del secuestro frustrado, por un intento de deportación impulsado por la inteligencia ecuatoriana, sostiene, sin el conocimiento del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
El mismo que inicialmente le había dado protección y que, tras distanciarse de su predecesor Álvaro Uribe, con cuyo entorno Balda se codeaba, acabó entregándolo a Correa a finales del 2012.
Balda pasó dos años en prisión en Ecuador por injurias no calumniosas contra el Estado y recuerda su paso por la cárcel como una experiencia muy dura para él y su familia.
La denuncia por su secuestro la presentó por primera vez en el 2013 desde prisión, pero con el cambio de gobierno en el 2017, y la entrada en funciones de otro fiscal se iniciaron las pesquisas.
Balda reconoció que el nuevo entorno político ha permitido que se desclasifiquen documentos cruciales de los organismos de seguridad, que cree favorecerán a que todo el país pueda empezar a desenterrar «crímenes» supuestamente cometidos por el correísmo.
«Lo he dicho desde el principio: mi caso no es el único. Yo soy un sobreviviente. A otros sí los asesinaron», sostuvo.