La 196. Ese es el número de la resolución revelada en exclusiva por EL TIEMPO con la que el gobierno de Gustavo Petro aprobó una de las extradiciones con mayores efectos.
A un mes exacto de su posesión como presidente de la República, se dio vía libre al envío a Estados Unidos de Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, el hermano de la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, el partido de gobierno.
FOTO Policía Nacional de Colombia
El número 17
Si bien en la era Petro ya se había aprobado el envío de 14 colombianos y un par de extranjeros, tal como lo anticipó este diario, se ha tratado hasta ahora de mandos medios de organizaciones mafiosas (requeridos por cortes de Miami) e incluso de miembros de bandas de apartamenteros, solicitados por Argentina.
Pero en el caso de Álvaro Córdoba (el extraditado número 17), requerido por narcotráfico por la corte del distrito sur de Nueva York, es claro que se trata de una decisión con repercusiones judiciales y políticas.
No habrá paz ingenua
FOTO Presidencia
La aprobación para el envío del hermano de la senadora se firmó cinco días después de que grupos criminales emboscaron y asesinaron a siete miembros de la Policía en el corregimiento San Luis, en Neiva (Huila).
“Si este es el camino todo lo que estoy hablando es carreta”, señaló el presidente Petro en el lugar de la masacre, haciendo una clara referencia al acogimiento a la justicia que su administración está adelantando con bandas criminales.
Por eso, para algunos sectores, la extradición de Córdoba sería una clara notificación de que ese mecanismo seguirá vigente para quienes incumplan los compromisos con el modelo judicial que se está afinando, tal como él mismo lo había advertido.
De hecho, su ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió al tema en el debate de control político al que fue citado en la comisión segunda de la Cámara de Representantes tras la masacre de los uniformados en el Huila y la ola de ataques en otras regiones del país.
FOTO El Tiempo
“El tema de la paz total tampoco es una propuesta ingenua del gobierno, necesitamos la paz para construir progreso”, aseguró Velásquez.
Y a eso se une el hecho de que varios miembros del propio Pacto Histórico salieron a asegurar que, un mes antes de las elecciones, Piedad Córdoba había ingresado a La Picota a ofrecer supuestas prebendas judiciales a capos que estaban en el mismo patio de su hermano.
Y si bien, en ese momento, la ahora congresista salió a negarlo, Petro le pidió que se apartara de la campaña. Y, ahora, con la firma de la extradición de su hermano pareciera que no se le dio crédito a la versión que ella misma entregó sobre ese caso.
Los efectos políticos
FOTO El Tiempo
La senadora ha dicho que se trata de un entrampamiento e incluso aseguró que a través de este se había intentado permear la campaña de Petro con narcodineros.
Para el analista y estratega político Guillermo Henao, esta es una de las decisiones más complejas del jefe de Estado en su primer mes de mandato.
“(…) No extraditar al sujeto señalado de narcotráfico le supondría un duro golpe a su imagen, con algo que Petro evidentemente no quiere dentro de las narrativas de la oposición y es que estos digan que Petro cuida o defiende narcotraficantes, causa contra la cual el actual presidente luchó en sus diferentes pasos por el congreso», explica el analista Henao.
¿Mensaje a Estados Unidos?
Además, el experto agrega que el presidente hace con esto «una carambola» porque evita un enfrentamiento con la oposición y al mismo tiempo envía el mensaje a Estados Unidos «que aunque se va a modificar la figura de la extradición, está seguirá siendo usada en casos como el narcotráfico”.
De paso, cumple lo dicho durante un debate en campaña: que extraditaría a Córdoba si se cumplían las condiciones legales.
Para el analista político Carlos Arias, también habrá efectos en el Pacto Histórico.
“Al interior, ya existen dos bloques que se articulan desde la defensa (…). El primer bloque quizá genere una resistencia ante la decisión, pero en el segundo, el respaldo será unánime y más por lo que en fenómenos de teorías de opinión pública se conoce como fenómenos de aislamiento social», aseveró Arias.
Al cierre de esta edición la senadora Córdoba no había declarado sobre el tema.