El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, presidió el martes en el caserío de Juan Frío, fronterizo con Venezuela, un acto en memoria y reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada en el que participó de manera virtual el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien pidió perdón por sus crímenes.
El acto tuvo lugar en un descampado en Juan Frío, que hace parte del municipio de Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander, donde a comienzos de este siglo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) establecieron un centro de operaciones contra la guerrilla y quemaron a centenares de sus víctimas en improvisados hornos crematorios para no dejar rastro de sus asesinatos.
«Aquí lo que hubo fue una catástrofe, una degradación moral y un golpe fundamental a lo que debiera ser una sociedad; aquí lo que hubo fue una destrucción de la sociedad colombiana y estoy aquí luego de 10 años para la no repetición», dijo el canciller.
En el acto de responsabilidad extrajudicial titulado «Por la paz, la vida y la memoria ¡Nunca más!», al que asistieron también diplomáticos de Naciones Unidas, el canciller depositó una corona de flores y plantó con familiares de las víctimas un árbol muy cerca de un horno crematorio usado por los paramilitares para desaparecer a sus víctimas.
«Se va a hacer un parque conmemorativo de toda esta tragedia para que precisamente no vuelva a suceder, para que se tenga en cuenta que el conflicto fue algo superior a lo que registran las páginas recientes de historia», anunció el canciller sobre el lugar.
Paramilitar arrepentido
En el acto intervino también vía «streaming» Salvatore Mancuso, que fue jefe del Bloque Catatumbo de las AUC, una de cuyas unidades, el Frente Fronteras, fue el responsable de las atrocidades cometidas en Juan Frío.
Mancuso, que está preso en Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008 y cumple una condena por narcotráfico, aseguró que siente vergüenza y dolor por lo que pasó en este caserío y que está dispuesto a volver a Colombia para resarcir a las víctimas por el daño que hizo.
«Durante más de 16 años he comparecido a miles de audiencias en la justicia transicional, en la justicia de Estados Unidos, de Italia y de la justicia ordinaria en Colombia, le he respondido al país, he estado en la cárcel, pero es un castigo que no reconoce la reparación en Juan Frío. La deuda sigue», dijo.
El exjefe paramilitar aseguró que ese horno crematorio debería ser un campo santo, un lugar de memoria para las víctimas y pidió a la Cancillería una recuperación de esa área.
«Si me dieran la oportunidad, quiero que conozcan no al hombre que tomó decisiones en el conflicto, sino al que tomó una decisión de vida por la paz», manifestó.
Búsqueda de desaparecidos
Mancuso agregó que está dispuesto a apoyar personalmente, si es necesario, la búsqueda de los desaparecidos en la frontera, y pidió al ministro Leyva y a las autoridades venezolanas un acuerdo binacional para que se logre esto, pues reconoció que muchos cuerpos fueron arrojados al río Táchira, que pasa por la zona, o están en fosas comunes.
Durante su intervención mostró además cartas que varias mujeres, familiares de desaparecidos, le enviaron a la cárcel y dijo que sus relatos lo habían conmovido.
«Esas historias que me contaron me partieron el alma. Pienso en miles de personas que murieron bajo la exigencia de nuestra organización (las AUC). Soy consciente de que las órdenes que impartimos desatarían esta barbarie. Estoy dispuesto a trabajar de la mano de las organizaciones internacionales», dijo.
En su guerra contra los grupos guerrilleros, los paramilitares convirtieron en hornos crematorios las construcciones de ladrillo usadas originalmente por los campesinos de Juan Frío en el proceso de calentar el zumo de caña de azúcar para producir panela.
Organizaciones de víctimas calculan que los paramilitares del Frente Fronteras incineraron en los hornos a unas 500 personas para desaparecerlas y borrar toda evidencia de sus crímenes bajo el mando de Jorge Iván Laverde, alias «el Iguano», quien luego se acogió a la Ley de Justicia y Paz que en 2006 condujo a la desmovilización de las Autodefensa Unidas de Colombia.