El gobierno de Sebastián Piñera, presidente de Chile, modificó el protocolo de aplicación de la ley de aborto en tres causales aprobada bajo la administración de la ex presidenta Michelle Bachelet.
El Ministerio de Salud emitió un decreto en el cual eliminó un artículo que hacía alusión a los convenios del Estado con instituciones de salud privada para la realización de abortos en caso de violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad fetal.
El protocolo anterior indicaba que las instituciones privadas debían apelar a la objeción de conciencia para no practicar la interrupción de los embarazos.
El nuevo protocolo reduce los requisitos exigidos a las instituciones al excluir la necesidad de justificar “en base a creencias, valores, idearios y la expresión de la relación concreta entre aquellos y sus estatutos” la decisión de objetar.
“El nuevo protocolo para la aplicación de la ley de aborto en tres causales es un boicot ideológico y antidemocrático del actual gobierno, que busca por vía administrativa frenar una ley que contó con apoyo mayoritario”, señaló Karol Cariola, diputada del Partido Comunista.
Para el ministro de Salud, Emilio Santelices, el cambio de protocolo “busca corregir una distorsión que introducía el propio reglamento al establecer un vínculo (económico) entre la atención de cualquier índole y la objeción de conciencia”.