La gobernadora del estado brasileño de Roraima, Suely Campos, del Partido Progresista (PP), anunció este viernes que solicitó el cierre temporal de la frontera con Venezuela, a través de una acción ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.
Según un comunicado publicado por la Gobernación, la acción civil presentada por Campos se debe por la «omisión del gobierno federal en cumplir su papel constitucional de control de la frontera, sobrecargando el Estado de Roraima».
Además del cierre provisional de la frontera con Venezuela «hasta que se practiquen medidas concretas», la acción ante el Supremo pide «recursos adicionales» para suplir los costos soportados especialmente con salud y educación.
Según el comunicado, la gobernadora Campos intentó varias veces tratar el tema con las autoridades federales y, aunque desde 2017 el Estado ya había decretado emergencia social, sólo hasta febrero se publicó en el diario oficial la Medida Provisional.
«Nada de efectivo fue implementado hasta el momento, incluso después de la Medida Provisional, a no ser la transferencia de sólo 266 venezolanos para los estados de Sao Paulo y Mato Grosso, lo que representa un factor ínfimo, considerando los más de 50.000, muchos de los cuales deambulan por las plazas de la capital Boa Vista», afirmó la gobernadora.
De acuerdo con el comunicado, la entrada masiva de venezolanos por la ciudad de Pacaraima comenzó en 2015 y ocurre de forma desordenada.
Al menos 50.000 venezolanos llegaron por vía terrestre al estado fronterizo de Roraima, lo que supera el 10% de la población del Estado.
«Gran parte de estos inmigrantes se establecen en plazas e inmuebles abandonados de la ciudad de Boa Vista, pasando a vivir en la condición de habitantes de la calle. Con eso, Roraima sufre con aumento de la criminalidad, reincidencia de enfermedades ya erradicadas en el país (como el sarampión), además del aumento incontrolable en los costos para asistencia en salud y educación», señaló el comunicado.
De acuerdo con la información suministrada por la Gobernación, estos impactos fueron asumidos por el Estado de Roraima sin ningún apoyo financiero del gobierno federal.
«Además de estar perjudicado financieramente, Roraima está de manos atadas porque no puede controlar la frontera ni implantar barrera sanitaria, pues son competencias del gobierno federal», aseguró Campos.
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