La Fiscalía afirmó el lunes que la expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández (2007-2015), y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), crearon una de las matrices más extraordinarias de corrupción durante sus mandatos, en la fase de alegatos del juicio que la sienta en el banquillo por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria.
El fiscal Diego Luciani dijo que el Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre 2003 a 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares y de forma piramidal que tuvo en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado.
Los alegatos se ofrecieron en una audiencia virtual que se celebra por videoconferencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Buenos Aires, en la cual estaba presente la líder del kirchnerismo.
El juicio, que comenzó el 21 de mayo de 2019, pocos días después de que Cristina Fernández anunció su alianza con Alberto Fernández para las elecciones de octubre de ese año que acabaron ganando, entra así en su recta final y se prevé que haya veredicto antes de que termine 2022.
El fiscal dijo que se ha probado que el fallecido Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner “instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinaria que, lamentablemente y tristemente, se haya desarrollado en el país”.
Lo extraordinario se refiere a la “capacidad de acción”, la “perpetuación en el tiempo” y a “la ausencia de controles” por parte de los funcionarios.
Y que en su gestión se “creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” en paralelo a las funciones de la administración.
Luciani indicó que para ello “se escogió intencionalmente la contratación de obra pública vial en Santa Cruz” como medida para desviar fondos y se «creó un oferente», es decir, la empresa constructora de Lázaro Báez, para favorecerlo en las licitaciones de obra pública vial.
Fernández está procesada por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz.
En la causa también están acusados el propio Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros exfuncionarios.
El fiscal recordó que el matrimonio Kirchner y Báez eran socios comerciales y que el empresario era amigo íntimo de Néstor Kirchner.
Está previsto que durante nueve jornadas, los fiscales expongan cómo dieron por probado el «ropaje legal para crear las condiciones necesarias para crear el plan sistemático de extracción de fondos».
Al sentarse por primera vez en el banquillo, 8 días antes de asumir como vicepresidenta, el 2 de diciembre de 2019, la viuda de Kirchner reiteró, como ha venido haciendo con el resto de acusaciones en su contra, que el proceso respondía a una persecución judicial o «lawfare» ideada por el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
El fiscal dijo que también se referirá al «lawfare» en sus futuras intervenciones.