El ex presidente de Perú Alan García falleció este miércoles a causa de un disparo en la cabeza que se hizo él mismo cuando la Policía Nacional entró en su casa, en el distrito de Miraflores de Lima, para ejecutar una orden de detención preliminar por 10 días en su contra, en medio de acusaciones de que había recibido pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.
«Esta mañana ha sucedido este lamentable accidente: el presidente tomó la decisión de dispararse», dijo a periodistas su abogado Erasmo Reyna en la puerta del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, en Lima.
La ministra de Salud, Zulema Tomas, informó que Alan García se encontraba en una «situación muy crítica y muy grave». También refirió que el ex jefe de Estado sufrió tres paros cardiorrespiratorios.
«Es la tercera vez que le hemos hecho la reanimación. Ha hecho tres paros cardíacos. La situación es grave», comentó Tomas, quien dijo que ingresó al quirófano.
El ministro del Interior, Carlos Morán, afirmó que la diligencia realizada por la Policía Nacional y el Ministerio Público en la vivienda de García se hizo en cumplimiento estricto de una orden judicial de detención preliminar por diez días solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.
“Quiero puntualizar que la intervención de la Policía Nacional se ha pegado estrictamente a protocolos establecidos y apoyada en una diligencia judicial dictada por un juez en un caso emblemático como es el Lava Jato”, subrayó Morán en conferencia de prensa.
Por su parte, el congresista aprista Mauricio Mulder criticó que la Fiscalía haya solicitado la detención preliminar del ex presidente sin esperar a la declaración del ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, programada para la próxima semana.
“El ex presidente Alan García se encuentra en esta situación sin que le hayan imputado nada, ni siquiera han esperado que el señor Barata hable. ¿Será porque ya saben que el señor Barata no va a decir nada? Entonces, necesitaban de todas maneras hacer este circo”, expresó.
La investigación contra García
Antes de que fuera emitida la orden de detención, Alan García había declarado el martes que no se asilaría ni escondería, en tácita alusión al frustrado asilo que pidió a Uruguay en noviembre.
La justicia dictó en ese momento 18 meses de impedimento de salida del país.
La detención ordenada contra Alan García esta semana era por 10 días y buscaba, según la Fiscalía, recoger nuevos elementos en la investigación ante un eventual riesgo de fuga.
A fines de 2018 Alan García, luego de abandonar la embajada uruguaya, dijo que estaba a disposición de la Fiscalía de lavado de activos que lo investigaba por corrupción.
El ex mandatario permaneció durante 16 días en la Embajada de Uruguay, donde solicitó asilo «ante la inminencia de una orden de detención». El pedido fue rechazado por el gobierno uruguayo después de que revisó la documentación entregada por Lima y por el solicitante.
En las últimas semanas García había reiterado que «no existía ninguna delación, prueba o depósito que le vinculara a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras».
Alan García estaba bajo la lupa, además, por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para la Línea 1 del metro de Lima durante su segundo mandato.
El año pasado alegó que era un «perseguido político», pero su versión fue desmentida por la justicia y el gobierno peruano.
Por el escándalo de Odebrecht en Perú también están investigados los ex mandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), este último bajo detención preliminar hasta el 20 de abril, así como la opositora Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien está en prisión preventiva.
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