Pedro Felipe Ramírez y Rolando Drago Rodríguez, exembajadores de Chile en Venezuela, rechazaron la expulsión de los migrantes venezolanos que llegan a su país pidiendo refugio.
«Manifestamos nuestro profundo rechazo e indignación ante el criminal acto de expulsión de más de un centenar de hermanos latinoamericanos que después de un largo y penoso viaje, llegaron solicitando refugio ante el drama que viven en su tierra», indicaron los diplomáticos en una declaración pública con fecha del 14 de febrero.
Ramírez y Rodríguez recordaron en la carta que los más de 5 millones de venezolanos que han emigrado lo han hecho obligados por la crisis de servicios básicos, el hambre y la dictadura. «Emigrar es un derecho humano que está reconocido universalmente en múltiples convenios internacionales y que han sido suscritos también en nuestro país, de modo que la acción llevada a cabo por el gobierno no solo es inhumana y cruel sino también ilegal», señalan.
«El que haya ingresado irregularmente a Chile se debe a que ha sido precisamente este gobierno el que, después de invitarles a través de la pomposa y engañosa ‘visa de responsabilidad democrática’, le ha cerrado las puertas estableciendo barreras prácticamente imposibles de superar por el venezolano medio», agregan.
Los diplomáticos pidieron disculpas a los venezolanos por las acciones emprendidas por el gobierno chileno y solicitaron que se respeten los convenios internacionales. «Hacemos responsables de esta mancha histórica al gobierno que preside Sebastián Piñera y a sus ministros de Relaciones Exteriores e Interior, formulamos un llamado a que se enmiende esta política de manera que se respeten las normas internacionales y se reitere la tradicional posición de nuestro país de dar acogida y oportunidades a quienes buscan rehacer sus vidas», finalizan.
Durante la segunda semana de febrero, Chile expulsó a 138 migrantes venezolanos y colombianos que se encontraban varados en la frontera norte con Bolivia.
La ola migratoria, formada principalmente por venezolanos, provocó desabastecimientos y enfrentamientos entre autoridades y grupos de extranjeros, además del colapso del sistema sanitario por la pandemia, lo que obligó a instalar campamentos para mantener en cuarentena preventiva a los migrantes.
El gobierno chileno autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en ese punto de la frontera, donde son habituales los «coyotes» o «pasadores» que cobran a los interesados por guiarlos para cruzar de un país a otro.
En Chile, país que hasta el inicio de las protestas de 2019 era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más de 7% de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.