A la salida de Unicentro, un vendedor de accesorios para celulares le suministró goma de opio a Mohammad Amin Sani, un estadounidense que se desempeñó como enlace cultural entre las Fuerzas Militares de su país y Estados del Medio Oriente, y que fue atrapado en el aeropuerto El Dorado.
Y cerca de los bares del parque de la 93 y de sedes de varias universidades de Bogotá, como la Javeriana, un ejército de vendedores ambulantes impulsa pequeños carros para bebés, en los que encaletan cocaína, cigarrillos de marihuana y pepas de éxtasis entre chicles, mentas y paquetes de papas.
Reportes de inteligencia aseguran que a través de estos mecanismos y de la entrega puerta a puerta de alucinógenos, solicitados por redes sociales, los carteles están moviendo al año más de 10 billones de pesos en el llamado microtráfico.
La cifra aparece en uno de los informes oficiales que llevó al gobierno Duque a anunciar la expedición de un polémico decreto de lucha contra el consumo: el que permite a la policía decomisar en lugares públicos dosis mínimas que se porten sin justificación médica.
La medida encendió la polémica entre quienes creen que se trata de simple populismo punitivo, que afecta las libertades personales conquistadas, y aquellos que aseguran que es el primer componente de una estrategia más ambiciosa y agresiva que contempla, además, prevención, educación y tratamientos médicos para adictos e incluso el regreso del glifosato para erradicar cultivos ilícitos.
Pero los críticos insisten en que hay improvisación en la medida policiva que contempla el decreto y en la exigencia de certificados médicos para justificar el porte de estas sustancias.
A pesar de los cuestionamientos, el gobierno ya anunció que seguirá adelante con la confección del decreto y con su firma. Y asegura que tienen cómo respaldar la urgencia de que entre en vigor.
Zonas críticas
El Tiempo tuvo acceso al dosier que soporta la medida, en el que se señala que el país tiene ahora la doble condición de productor y consumidor de drogas luego de que se disparó la producción y el consumo de sustancias ilícitas en todo el territorio.
“A partir de los hallazgos de los últimos estudios disponibles, el Ministerio de Justicia ha llamado la atención sobre el aumento del consumo de drogas ilícitas y otras tendencias que confirman una situación problemática y compleja, lo cual requiere el concurso de diferentes sectores, así como un aumento de los recursos destinados para enfrentar esta situación”, dice el dosier.
En los documentos, elaborados por los ministerios de Justicia y de Salud, se advierte, además, que los picos de consumo de drogas ilegales están entre los 18 y 24 años, seguidos por el grupo poblacional de jóvenes entre 12 y 17 años. Con el agravante de que la edad en la que se inicia el consumo es, en promedio, los 14 años.
“Hay mucha evidencia que demuestra que cuanto más temprano se dé el consumo de drogas, más aumenta la posibilidad de desarrollar patrones de dependencia”, se advierte en uno de los textos oficiales.
Y hay un dato adicional que rebosó la copa del gobierno: el país tiene unos 10.2 millones de estudiantes en colegios públicos y privados, de los cuales, con base en cifras del 2016, un 8,3% ha fumado marihuana y un 2,7%, inhalado cocaína.
La información coincide con el más reciente golpe que la Fiscalía General le dio al microtráfico en 15 departamentos. El martes de esta semana se capturaron a 162 personas, entre estudiantes y jíbaros, que distribuían alucinógenos en 25 colegios, sedes del Sena y cuatro universidades: Distrital, Católica, Javeriana y Gran Colombia, de Bogotá.
La Fiscalía reveló mensajes de WhatsApp en donde niños pedían marihuana enviando un ‘emoji’ de un marciano. También pepas, ‘popper’ y ácidos con otros símbolos predeterminados con el jíbaro.
La marihuana, la cocaína, el bazuco y el éxtasis son las drogas más consumidas, de acuerdo con los datos oficiales. La coca y el éxtasis tienen prevalencia en estratos altos, mientras que el bazuco se consume más en los niveles de 1 al 3.
Estimaciones oficiales indican que más de 3 millones de colombianos han consumido alguna vez drogas ilícitas, con diferentes impactos en sus vidas. Y si bien algunas de las cifras no se actualizan permanentemente, por los altos costos que tienen las mediciones sobre consumo, se sabe que por lo menos unas 700.000 personas, entre los 12 y 65 años, podrían requerir tratamiento por consumo problemático de sustancias psicoactivas ilícitas.
En general, de cada cinco personas que consumen una es mujer y cuatro son hombres.
La prevalencia de consumo de marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína en este grupo muestra un ascenso en las últimas décadas: saltó del 8,8% en el 2008 al 12,2% en el 2013 (año en que se hizo el último gran estudio sobre consumo en Colombia). Pero la tendencia continúa en ascenso.
Los departamentos más golpeados son Meta, Nariño, Antioquia y la región del Eje Cafetero, que en ciertas zonas tiene el agravante de coincidir con la proliferación de hectáreas de cultivos ilícitos que hay identificadas en el territorio nacional.
En porcentajes generales, a nivel nacional, Caldas, Antioquia, Risaralda y Quindío están en la cima de los departamentos más golpeados por este fenómeno en su población escolar.
A todo esto hay que sumarle la preocupación que causó en el alto gobierno el incremento del uso de heroína. Se calcula que al menos 15.000 personas se inyectan esta sustancia en Colombia, fenómeno especialmente grave en ciudades como Armenia, Medellín, Pereira, Cúcuta, Cali, Bogotá y Santander de Quilichao.
“El consumo de heroína se encuentra relacionado con la presencia de cultivos de amapola y las rutas del tráfico (ilegal)”, se advierte en el dosier oficial. Pero de esa zona también pudo haber salido el opio de Mohammad Amin.
Todas estas drogas son distribuidas y comercializadas por bandas que incluso matriculan a sus jíbaros en colegios para vender la mercancía. En lo corrido del año, la Fiscalía ha golpeado a 1.033 redes, de las cuales 346 se dedicaban al microtráfico, y logrado la captura de 3.441 personas.
Nuevas drogas
Para atacar el aumento en el consumo, el gobierno recalca que se requiere una guerra integral. Por eso, prepara proyectos y estrategias en de educación y salud, paralelas al decreto.
En este último campo, el consumo vía intravenosa (inyectado) impacta negativamente la salud pública, pues puede desembocar en fenómenos como la trasmisión de VIH y hepatitis. Además, la inyección de drogas como heroína se relaciona con mayor probabilidad de sobredosis y muerte.
A raíz de los cuestionamientos jurídicos y médicos que ha tenido la decisión de confiscar dosis, Duque y sus ministros también están ajustando proyectos de ley para reglamentar el acceso a tratamientos públicos de salud para adictos. Esto se justifica en la proliferación de las llamadas nuevas sustancias psicoactivas.
Solo en los últimos 5 años se han detectado 32, y son tan riesgosas para el consumidor que en una sola dosis puede haber hasta cinco tipos diferentes de químicos.
De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, en Colombia ya se han registrado decesos por el uso de alguna de estas sustancias.
En el listado están la ketamina, el PMMA, la butilona, la dibutilona, la amb-fubinac, el dick, la etilona, DOI, la 25H-NBOMe y la allilescalina, entre otras.
La conclusión, como advierte Gloria María Borrero, ministra de Justicia, en uno de los apartados de este dosier, es que el consumo de drogas ilícitas se ha incrementado en el país no solo porque más personas están consumiendo, sino, además, porque el mercado de sustancias es cada vez más amplio y diverso.
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