Al menos 141 niños menores de 5 años han muerto en Colombia por desnutrición en lo que va de este año, denunció la Defensoría del Pueblo, que calificó de vergonzosa la situación.
«Es una vergüenza que como Estado sigamos registrando muertes de niñas y niños por desnutrición sin que se logre una estrategia que ponga fin a esta situación tan dolorosa. Lo que muestra indolencia, indiferencia y desidia de los gobiernos nacional, departamentales y municipales». Así dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.
De acuerdo con la Defensoría, entre el 1 de enero y el 17 de junio de este año, el Instituto Nacional de Salud reportó 141 muertes por desnutrición y causas asociadas en menores de 5 años en el país.
Camargo detalló que La Guajira, en el extremo norte del país, es el departamento con más casos, 39; seguido de Chocó (Pacífico), con 17. Y Cesar (Caribe), con 10.
Poblaciones indígenas en riesgo de desnutrición
La comunidad indígena al noreste de Colombia posee las tasas más altas de desnutrición | Foto: Human Rights Watch
En enero pasado, el gobierno de Colombia anunció que pondría en marcha un plan especial. Este tendría como fin planear acciones para la atención integral de la población indígena wayuu en La Guajira; territorio marcado por la escasez de agua y con las tasas más altas de muertes de niños por desnutrición.
De acuerdo con cifras del gobierno, en ese departamento desértico, fronterizo con Venezuela, se registraron en 2022 un total de 1.954 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años.
Además, hubo 85 casos de menores de 5 años que murieron por desnutrición, un dato muy superior al resto de departamentos del país.
En total, en Colombia murieron 308 niños menores de 5 años por desnutrición en 2022.
Por otro lado, a partir de hoy y por seis días en respuesta a las necesidades y peticiones de La Guajira, el presidente colombiano, Gustavo Petro, despacha desde este departamento.
Petro estará con todo su gabinete para desarrollar encuentros con la comunidad en Riohacha, Uribia, Nazareth, Albania, Manaure y Maicao, entre otras localidades de esta región, que tiene más de un millón de habitantes.
La semana pasada, el jefe de Estado anunció acciones para agilizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó en 2017 proteger los derechos al agua, la alimentación y la salud de la población wayuu.
Fortalecer las rutas de atención
Debido a la situación, Camargo llamó a las entidades del Estado a desarrollar acciones efectivas. «En La Guajira, por ejemplo, cada cierto tiempo las entidades aparecen con ‘paños de agua tibia’ y a las pocas semanas todo sigue igual. No puede seguir sucediendo», aseguró.
También pidió a las autoridades departamentales fortalecer las rutas de atención, en especial, las encaminadas a hacerles seguimiento a los casos identificados y su evolución, para frenar la vulneración de los derechos de los menores.
El defensor puntualizó que estas medidas deben brindar atención en salud, partiendo del conocimiento de la realidad de las comunidades.
«La importancia de las acciones y las políticas públicas radica en lograr la materialización de los resultados, medir el impacto y cambiar la situación de riesgo. Ello requiere persistencia y mantenimiento de la ejecución para lograr resultados que pongan fin a las muertes de niñas y niños por desnutrición», dijo.