La Corte Suprema suspendió hoy los efectos de algunos de los artículos del indulto de Navidad a presos concedido la semana pasada por el presidente brasileño, Michel Temer, y que habían generado una intensa polémica debido a que podían beneficiar a condenados por corrupción.
La suspensión parcial del decreto presidencial fue determinada mediante una cautelar por la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), magistrada Carmen Lucia Antunes, a petición de la Fiscalía General de Brasil, que cuestionó las flexibilizaciones a las reglas para conceder los indultos por «ampliar los beneficios y crear un potencial escenario de impunidad en el país».
Antunes, la magistrada encargada de analizar los asuntos urgentes de la Corte Suprema durante el receso judicial, tan solo demoró un día para expedir una cautelar en la que acató parcialmente los argumentos de la fiscal general, Raquel Dodge, contra los artículos del decreto de Temer que ablandan las reglas para la concesión del tradicional indulto de Navidad.
«El indulto no es y no puede ser un instrumento de impunidad», argumentó la magistrada en su cautelar y al considerar procedentes varias de las críticas de la fiscal, que calificó los beneficios concedidos por Temer como inconstitucionales.
Antunes explicó que suspendió cautelarmente los artículos cuestionados por tratarse de un asunto urgente pero que espera que en febrero, cuando concluya el receso judicial, el plenario del máximo tribunal analice la petición de la Fiscalía y tome una decisión definitiva.
«El indulto no es un premio al criminal ni tolerancia con el crimen sino un perdón con el que, el beneficiado que ha respondido en parte a su pena, puede volver a reconciliarse con el orden jurídico», argumentó la magistrada en su cautelar.
El indulto navideño, una prerrogativa del presidente de la República, beneficia con el perdón de la pena por lo general a presos con buen comportamiento que han cumplido al menos una tercera parte de condenas que no superen los 12 años.
Pero el cuestionado decreto firmado por Temer el pasado viernes redujo el tiempo de cumplimiento de la pena (a un quinto) sin establecer un límite en la condena máxima, siempre que se trate de delitos no violentos.
La medida fue inmediatamente criticada por diversas organizaciones de la sociedad civil y por los fiscales responsables por las principales investigaciones contra la corrupción en el país debido a que puede beneficiar a varios de los condenados por ese delito.
Entre los políticos condenados en el marco del gigantesco escándalo por los desvíos en la petrolera estatal Petrobras figuran varios correligionarios y aliados políticos de Temer.
En la petición que hizo el miércoles para que la Corte Suprema suspendiera el decreto por su supuesta inconstitucionalidad, Dodge alegó que una persona condenada a ocho años de cárcel, una de las penas previstas por la ley para delitos de corrupción, puede beneficiarse del indulto y salir de la cárcel sin cumplir un año de condena.
«En un escenario de declarada crisis y repulsa a la corrupción sistemática, el decreto transmite un mensaje diverso e incongruente con la Constitución, que establece el deber de celar por la moral administrativa, el patrimonio público y el interés de la sociedad», argumentó la fiscal.
Según Dodge, de mantenerse el decreto, «la Constitución brasileña será desprestigiada, la sociedad dejará de creer en sus instituciones y el infractor, el transgresor de las normas penales, será el único beneficiado».
La fiscal también advirtió que el jefe del Ejecutivo «no tiene poder ilimitado para conceder indulto» ya que, de tenerlo, «aniquilaría las condenas criminales, subordinaría al Poder Judicial, restablecería el arbitrio y extinguiría los pilares básicos de la República».