El Congreso de Perú aprobó este lunes someter nuevamente a un juicio de destitución por supuesta «incapacidad moral» al presidente Martín Vizcarra, quien deberá comparecer ante el plenario el 9 de noviembre para defenderse.
«Ha sido admitida la moción de vacancia de la presidencia de la república», dijo el primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez.
El juicio fue aprobado por 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. Doce parlamentarios de los 130 estaban ausentes o con licencia.
Esta nueva moción de vacancia fue presentada el 20 de octubre por el partido Unión por el Perú (UPP), bajo la causal de permanente incapacidad moral.
El partido se basa en las declaraciones de varios empresarios ante la fiscalía de que pagaron coimas a Vizcarra a cambio de contratos de obras públicas cuando el presidente era gobernador de la región de Moquegua, al sur de Lima, en 2014.
Vizcarra ya superó una moción de destitución
El presidente ya superó el 18 septiembre una moción de destitución en el Congreso, acusado entonces de instar a mentir a dos asesoras en una investigación sobre contratos a un cantante. El Congreso no reunió los votos suficientes para sacarlo del poder.
«No hay una prueba de las imputaciones. Un proceso de vacancia desestabiliza al país. Estoy seguro de que el Congreso no va a caer en el juego de un grupo político que busca el caos», dijo Vizcarra a la prensa.
«Es un poco anecdótico porque se están acostumbrando a hacer una vacancia por mes, no el Parlamento en su conjunto, sino un grupo político», agregó.
Para que la moción fuera admitida a debate se necesitaban 52 votos a favor de los 130 del pleno del Congreso.
Una vez superada esa fase, el Congreso necesita dos tercios de los votos, es decir, 87 legisladores a favor de la moción para retirar al presidente de su cargo.
El mandatario tiene que presentarse o enviar a su abogado al Congreso el lunes para defenderse.
La corrupción es uno de los grandes males de Perú, donde cuatro presidentes han sido salpicados por el escándalo de sobornos y aportes ilegales a campañas por la constructora brasileña Odebrecht.
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