Parlamentarios, abogados y exparamilitares están vinculados al caso de supuesto fraude procesal y soborno de testigos por el que la Corte Suprema de Justicia ordenó el martes la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, uno de los hombres más poderosos de Colombia.
El proceso comenzó en febrero de 2012 cuando Uribe (2002-2010) demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no solo la archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.
Los testigos de Cepeda y Uribe son en su mayoría exparamilitares presos y condenados. Estos han dado distintas declaraciones, de algunas de las cuales se han retractado, en las que afirman haber recibido dinero o promesas de ayuda a cambio de declarar a favor o en contra de Uribe.
Los siguientes son los demás protagonistas del caso:
Iván Cepeda
El senador Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), es quizás el principal contradictor de Uribe en la política colombiana, a quien ha denunciado reiteradamente de tener vínculos con grupos paramilitares y con narcotraficantes.
Esas denuncias las recopiló en su libro Por las sendas de El Ubérrimo, que hace referencia a la hacienda del expresidente, a quien acusa de haber fundado un grupo paramilitar, de acumular tierras y de proteger a involucrados en el narcotráfico.
Cepeda, de 58 años de edad, es hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 en Bogotá durante la campaña de exterminio del partido Unión Patriótica.
Juan Guillermo Monsalve
Es uno de los testigos clave del caso. Hizo parte del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y paga condena en la cárcel bogotana de La Picota.
Monsalve, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia de Uribe, testificó que el Bloque Metro se fundó en esa finca entre 1996 y 1997 con la participación de varias personas, entre ellas el expresidente y su hermano Santiago Uribe.
La versión que ha contado Monsalve es que en ese predio se planearon matanzas que luego cometieron los escuadrones del grupo, acusaciones que Uribe y su defensa siempre han negado.
Monsalve posteriormente se retractó de esas acusaciones y dijo que cambió su testimonio por presiones del abogado Diego Cadena, uno de los defensores del expresidente.
La principal prueba de esa supuesta presión es una grabación que hizo el mismo Monsalve a Cadena en uno de sus encuentros.
El testimonio de Monsalve fue decisivo para la Corte. Sin embargo, la defensa de Uribe asegura que Monsalve es un falso testigo y que contrario a lo que ha dicho, fue él mismo quien buscó a los abogados para ofrecerles cambiar su testimonio.
Diego Cadena
Diego Cadena, abogado penalista que hizo parte del equipo legal del expresidente, enfrenta ante la justicia el mismo delito por el que la Corte Suprema ordenó la detención de Uribe, con la diferencia de que el caso del letrado está en manos de la Fiscalía General.
La Fiscalía, que imputó a Cadena la semana pasada y pidió para él detención domiciliaria, asegura que el abogado visitó en cárceles del país a exparamilitares, entre ellos Carlos Enrique Vélez, a quien le entregó dinero para que cambiara su testimonio a favor de Uribe.
Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes, ha aceptado que sí entregó dinero a Vélez, pero asegura que no se trató de un soborno sino de una «ayuda humanitaria», e insiste en que fue extorsionado por el exparamilitar.
Según la defensa de Uribe, el senador nunca tuvo conocimiento de los tratos que hacía Cadena; sin embargo, la justicia rastreó el teléfono del abogado y encontró que este le informaba a su apoderado, el senador Uribe.
Carlos Enrique Vélez
También cumple una condena en prisión y fue el hombre a quien, según la Fiscalía, Diego Cadena visitó el 18 de julio de 2017 en la cárcel de Palmira, en el Valle del Cauca.
La Fiscalía argumenta que Cadena prometió el pago de 200 millones de pesos (unos 53.000 dólares) para que Vélez «declarara falsamente ante la Corte Suprema, a la cual le debía cambiar su versión respecto a que el senador Iván Cepeda lo había abordado varias veces para que presentara una versión en contra de Álvaro Uribe Vélez».
Los cinco magistrados
Por decisión unánime los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia: César Reyes, Francisco Farfán, Héctor Alarcón, Misael Rodríguez y Marco Antonio Rueda fueron quienes determinaron que el expresidente debe responder al proceso en detención domiciliaria al considerar que hay riesgos de que obstruya la justicia.
«La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran» al senador Uribe, señaló la Corte en un comunicado.
Álvaro Hernán Prada
Representante a la Cámara por el partido oficialista Centro Democrático, creado por Uribe en 2014, es acusado igualmente de participar en el presunto soborno y fraude procesal «en calidad de cómplice» pero la Corte no pidió para él la detención domiciliaria, con lo cual puede responder en libertad.