El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, presentó el miércoles el borrador del proyecto de ley de sometimiento a la justicia con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca negociar con grupos criminales en el contexto de su política de «paz total».
Esta ley de 54 artículos busca «crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas (…) e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes», detalló Osuna en una rueda de prensa en Bogotá.
En este sentido, el ministro insistió en que el proyecto de «ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto» no contempla «ningún sistema de justicia transicional» como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada tras el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016, ni «juez especial», sino que se encargará la justicia ordinaria.
Para que a los miembros de organizaciones criminales se les sustituya la pena ordinaria por una reducida deberán «entregar verdad, aceptar responsabilidad penal, desmantelar las bandas y reparar las víctimas», explicó el ministro.
Este primer borrador, necesario para poder avanzar en los diálogos con grupos criminales del país, contempla penas sustitutivas para quienes se acojan a la ley que serán entre 10 y 12 años divididas en 2 partes: la primera de cárcel efectiva entre 6 y 8 años y 4 años de pena restaurativa.
Osuna, acompañado del senador Ariel Ávila y el representante a la Cámara Alirio Uribe en la rueda de prensa, informó que el jueves presentarán el proyecto de ley al Consejo Nacional de Política Criminal para que «emita su concepto lo más pronto posible» y pueda ser radicada en el Congreso.
Ávila, por su parte, recalcó que con este proyecto de ley «no habrá impunidad» para los que se acojan a él, ya que pagarán cárcel, y que no se reconocerá estatus político ni «de beligerancia» a aquellos miembros de bandas criminales que se acojan, sino que es «una conversación socio jurídica».
De las 53 organizaciones armadas que hay en Colombia, 23 se podrían acoger a esta ley y se espera que al menos con 12 de ellas se dé la negociación, según el senador.
El gobierno de Petro busca dialogar y negociar con el máximo número de organizaciones criminales que operan actualmente en el país en búsqueda de la «paz total», pero sin esta ley de sometimiento a la justicia no podrá oficializar los acercamientos con grupos delincuenciales, tal como lo contempla la ley.
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