El gobierno de Colombia anunció el lunes que negociará con los rebeldes que se apartaron del pacto de paz que firmaron las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, unos 2.000 combatientes que atizan la violencia que persiste tras el histórico pacto.
El presidente Gustavo Petro informó sobre el inicio de los diálogos de paz con la facción más grande de disidentes de la otrora guerrilla más poderosa de América.
«Se establecerá una mesa entre el gobierno y el Estado Mayor Central», escribió en Twitter este lunes el mandatario, poco después de que la fiscalía levantara la órdenes de captura contra 19 cabecillas que fungirán como negociadores.
«Comienza un segundo proceso de Paz», agregó el mandatario, que negocia desde finales del año pasado con rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En la mañana el fiscal general, Francisco Barbosa, accedió a un pedido del gobierno para suspender los requerimientos judiciales que pesaban sobre los ahora delegados de la guerrilla.
Petro, el primer izquierdista en llegar al poder de Colombia, también busca concretar diálogos con el poderoso cartel del Clan del Golfo, otras bandas del narcotráfico y la Segunda Marquetalia, una facción de disidentes que firmaron y luego abandonaron el proceso de paz.
«Prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno. Aún falta la mitad», indicó Petro a los medios desde el departamento del Cauca (suroeste), sin precisar la fecha ni la sede de los diálogos.
«¡Bien, presidente Petro! La apuesta por una paz estable y duradera debe ser apoyada», escribió en Twitter Sandra Ramírez, exintegrante de las FARC y senadora por el partido Comunes, surgido del acuerdo de 2016.
«Carácter político»
Petro se debatía entre reconocer a los disidentes como actores políticos -pese a haber rechazado el histórico acuerdo que convirtió las FARC en partido- o tratarlos como bandas del narcotráfico
«En este caso concreto para la fiscalía existe el fundamento porque el presidente le dio el carácter político a los disidentes que no firmaron el acuerdo de paz de La Habana», aseguró el fiscal.
Según Barbosa, el mandatario concedió el mismo reconocimiento a los miembros de la Segunda Marquetalia.
El fiscal no ha levantado los pedidos de captura contra miembros de ese grupo.
La operación del Estado Mayor Central se concentra especialmente en la Amazonía, el Pacífico y las fronteras con Venezuela y Ecuador.
En una entrevista concedida el 1 de marzo a la AFP, un jefe guerrillero del Estado Mayor Central (EMC) del departamento de Nariño (suroeste), «Hernán Zapata», aseguró que una suspensión de órdenes de captura contra sus compañeros representaba el inicio de los diálogos de paz, en los que buscarán corregir los errores del pacto de 2016.
El EMC «se ha integrado para finiquitar (…) ese acuerdo de paz pasado y volverlo completo», concedió Petro.
Violencia disidente
Según cálculos independientes, el EMC tiene más de 2.000 combatientes y la cifra va en aumento. El grueso de las FARC (7.000 guerrilleros) se desmovilizó en 2017.
Aunque el acuerdo mermó la violencia, los disidentes fueron ganando terreno en regiones apartadas donde el Estado tardó en llegar tras la firma del pacto.
En junio de 2021 un comando del EMC atentó con ráfagas de fusil contra el helicóptero en el que viajaba el entonces presidente, el conservador Iván Duque (2018-2022), cerca de la frontera con Venezuela. Pocos meses después activaron una bomba en una estación policial que mató a dos menores en un barrio popular de Bogotá.
Docenas de militares y civiles han muerto en los últimos años en las emboscadas de los disidentes contra la fuerza pública y los combates que han sostenido con otros grupos armados.
Con la llamada política de «Paz Total», Petro busca extinguir el conflicto interno de seis décadas. Sus delegados conversan desde noviembre con la guerrilla del ELN en sedes rotativas como Caracas, Ciudad de México y próximamente en La Habana.
Tregua frágil
La fuerza pública y los disidentes de todas las facciones pactaron un cese al fuego de seis meses en la víspera de Año Nuevo.
Durante la tregua varios militares y combatientes de otros grupos armados fueron retenidos y posteriormente liberados por disidentes.
El gobierno acusa un puñado de violaciones al cese, al que no se adhirió el ELN.
Las distintas facciones disidentes, los rebeldes del ELN y grupos narcotraficantes herederos del paramilitarismo siguen disputándose en cruentos enfrentamientos las rentas del narcotráfico y la minería ilegal en el país que más produce cocaína a nivel mundial.
El conflicto deja más de nueve millones de víctimas, entre desplazados, desaparecidos y asesinados.