LATINOAMÉRICA

Bolsonaro niega que las Fuerzas Armadas hayan auditado las urnas electrónicas

por Avatar EFE

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, negó este miércoles que el Ministerio de Defensa haya hecho una auditoría de las urnas electrónicas usadas en la primera vuelta de los comicios, el 2 de octubre.

«Las Fuerzas Armadas no hacen auditorías», declaró Bolsonaro a periodistas, consultado sobre una decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) que emplazó al Ministerio de Defensa a presentar el informe de las pruebas que supuestamente realizó en las urnas el mismo día de la primera vuelta.

Esas pruebas, negociadas con el TSE, fueron una consecuencia de presiones ejercidas por el propio Bolsonaro. Un hecho dado durante una campaña de descrédito en torno al sistema electrónico de voto que Brasil adoptó en 1996 y no ha sido objeto de denuncias de fraudes.

Bolsonaro frente a Lula

El 2 de octubre, Bolsonaro, quien aspira a la reelección, tuvo 43,2% de los votos, frente a 48,4% del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras la primera vuelta, el líder de la ultraderecha llegó a decir que esperaría «el informe» de las Fuerzas Armadas para opinar sobre la transparencia del proceso, que no puso en duda nadie.

Dos días después, el TSE informó que no se detectó  irregularidad alguna. Pero aun así el Ministerio de Defensa se mantuvo en silencio sobre sus pruebas, que según la prensa local le entregaron en privado a Bolsonaro.

Auditoría de las Fuerzas Armadas

Este martes, ante esas versiones, el TSE emplazó a los militares a hacer públicos esos informes.

«La realización de la auditoría por parte de las Fuerzas Armadas» y «la entrega del resultado al candidato a la reelección parecen demostrar la intención de satisfacer la voluntad electoral expresada por el jefe del Ejecutivo», indicó el presidente del TSE, Alexandre de Moraes.

Según el magistrado, eso pudiera configurar, «en tesis, un desvío de finalidad y abuso de poder» por parte de las Fuerzas Armadas, que son parte de un gobierno que tiene un candidato a la reelección. Y que se ha valido de dinero público para la realización de las pruebas.