Amnistía Internacional (AI) responsabilizó al gobierno de Daniel Ortega de implementar y mantener una estrategia de represión «en ocasiones intencionalmente letal», durante las protestas en Nicaragua que han dejado al menos 83 muertos, según datos del organismo.
«Existen razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, implementaron y mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de las semanas de protesta», indicó AI en un informe presentado este martes en Managua.
AI consideró que «no solo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que además considera que con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales».
En el estudio cuentan 51 muertes registradas en 24 días en seis ciudades de Nicaragua. Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, indicó que la cifra aumentó a 83 personas fallecidas.
Denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de policía y antimotines, la ejecución extrajudicial de personas, los actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación, la denegación de la atención médica en los hospitales o los intentos de control de la prensa.
«La organización ha obtenido información a través de entrevistas, imágenes y vídeos que indica que la autoridad habría ejercido un uso indebido de la fuerza, a través del uso inadecuado de armas», se señaló en el informe.
Según la institución, y de acuerdo al Derecho Internacional, «el superior está obligado a adoptar medidas razonables, concretas y eficaces para prevenir y hacer cesar violaciones de derechos humanos cometidas por los subalternos».
«Amnistía Internacional considera que existe un patrón que indicaría que los grupos parapoliciales, la Policía Nacional y las fuerzas antimotines, causaron la muerte de manera intencional, en un significativo número de casos», informó el comunicado.