En los últimos años Colombia no solo ha sido testigo del éxodo vivido en Venezuela, sino que, como país fronterizo, se ha constituido como el principal destino migratorio de millones de venezolanos que buscan condiciones de vida más dignas.
Frente a esta situación, Colombia ha enfrentado un gran número de retos en el manejo de la población migrante e implementación de sus recursos de por sí ya limitados.
Con el nuevo gobierno nacional, las relaciones bilaterales ya han tomado un nuevo aire con el restablecimiento de las relaciones y la apertura de fronteras, por lo que, parece haber un nuevo panorama para la población migrante en Colombia.
Con este panorama en mente, la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Alemana Konrad Adenaeur y EL TIEMPO Casa Editorial, ha realizado una gran encuesta nacional sobre migración.
Los hallazgos de dicha encuesta serán presentados en el foro ‘Migración venezolana en Colombia ¿Qué va a pasar con los migrantes?’. La transmisión la puede seguir a través de EL TIEMPO y sus redes sociales.
El rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne García, se refirió en el inicio del foro a los resultados del informe ‘El Reto de la Integración: Desafíos y Oportunidades de la Gestión Migratoria en Colombia 2022-2026’, realizado por el Observatorio de Venezuela de la institución y la Fundación Konrad Adenauer.
El documento incluye 12 desafíos de acción prioritaria y 57 recomendaciones para el nuevo gobierno, «como un insumo en el cuatrienio que comienza y sin duda para las personas que están como líderes tomando decisiones», aseguró.
¿Cómo se puede realizar correctamente la integración migratoria?
Ronal Fabián Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que se aproximan los cuatro años más importantes en este proceso de migración.
De acuerdo con su explicación, en la administración del expresidente Juan Manuel Santos los esfuerzos se enfocaron en la atención humanitaria; en la administración del expresidente Iván Duque el proceso se enfocó en la dinámica del registro y ahora, en la administración del presidente Petro, seguirá el proceso de la integración completa.
Para Simone Schwarts, delgada representante adjunta Acnur en Colombia, este es uno de los principales retos que tiene Colombia. «Después de años ya del comienzo de la crisis de Venezuela estamos en un proceso de consolidar la respuesta de emergencia», aseguró.
Explicó que una de las líneas estratégicas tiene que ser la integración en las economías locales, por la contribución que pueden hacer los migrantes. «Un estudio realizado recientemente por el Banco Mundial en el Medio Oriente, en colaboración con Acnur, evidenció que la contribución de los refugiados ayuda a la economía de los países de acogida. En América Latina, el Banco Mundial calculó que por cada dólar invertido en la inclusión socioeconómica se genera el doble: dos dólares», aseguró.
Expuso además, que las personas económicamente activas y empleadas son susceptibles de regresar a sus países de origen más temprano que personas más vulnerables y económicamente dependientes. «La inclusión prepara a un eventual retorno cuando esto sea posible», dijo.
Destacó que en este proceso es clave prevenir las conductas xenófobas.
Stefan Reith, representante de la Fundación Konrad Adenauer, destacó que Colombia tomó una decisión audaz con el Estatuto de Protección Temporal y ahora hay que aterrizar más la estrategia de capacitación sobre este a escala local.
«El mejor flujo de información entre los migrantes. Hay una propuesta de construcción de puntos focales donde toda la información que necesita el migrante está para que pueda hacer sus trámites y arreglar su situación», aseguró Reith, quien enfatizó que son necesarios recursos no solo ámbito central, sino en las regiones también.
Fernando Calado, director del proyecto integra de Usaid, señaló tres puntos centrales para lograr la integración. El primero tiene que ver con mantener el proceso de la regularización. «Las bases del plan el presidente Petro muestra un interés en el enfoque de derechos en la política migratoria, traducido en pasar del proceso de regularización a lo que es la integración», afirmó.
El segundo punto tiene que ver con el fortalecimiento local para que las regiones puedan proveer servicios a los que se puedan integrar los migrantes: salud y educación, principalmente.
El tercer elemento, según explicó, es el trabajo que se puede hacer para lograr una cohesión social con el fin de que en las comunidades, con las juntas de acción comunal, se pueda generar «una inclusión de la población migrante venezolana con todas las ventajas que esto tiene».