LATINOAMÉRICA

2.000 chilenos exiliados en Venezuela exigen 3 años de pensión a Maduro

por Avatar EFE

Un grupo de 2.000 chilenos que trabajaron en Venezuela, la mayoría exiliados luego del golpe militar de Augusto Pinochet en el año 1973, y que volvieron a su país, reclamaron ayuda internacional para recibir la pensión que el régimen de Nicolás Maduro suspendió en diciembre del año 2015.

En una carta el colectivo de pensionados de Venezuela en Chile (Pensivech) pidió a Michelle Bachelete, ex presidenta del país y ahora alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que reclame a Maduro una respuesta a la situación.

Esta misiva fue enviada en diciembre del año 2018, cuando se supo que Maduro había invitado a la ex mandataria chilena a Venezuela, luego de años sin que la ONU pudiera enviar misiones al país centroamericano al no obtener autorización.

«Hemos hecho reclamaciones a Venezuela, a la OEA (Organización de Estados Americanos), la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la ONU. Ahora estamos tratando de que Chile nos consiga una pensión mensual, hasta que resolvamos el problema con Venezuela», explicó el presidente del Pensivech, Alejandro Bustamante.

Desde su promulgación en el año 2005, Chile y Venezuela disponen de un convenio bilateral de seguridad social que regula la situación de los ciudadanos de cada Estado que cotizan y obtienen el derecho a una pensión en el otro.

«Cuando los países firman un convenio, se hacen ambos responsables. Estamos recurriendo a los principios fundamentales que dicen que si un Gobierno no responde, el otro debe hacerlo. Además, nos acogemos a un decreto internacional, suscrito por Chile, que establece que no se puede dejar desamparada a la gente de la tercera edad», explicó Bustamante.

La mayoría de integrantes del Pensivech no reciben ninguna pensión por parte del Chile y, desde finales de 2015, tampoco por parte de Venezuela, según explicó su presidente.

«Algunos, los que tuvieron cotizaciones en Chile antes de irse, tienen pensiones muy bajas, que no superan el 40 % del sueldo mínimo, y eso no da para nada», puntualizó.

«Maduro no solo suspendió el pago de las pensiones sino que desde diciembre de 2015 tampoco tramita las nuevas que se deberían haber empezado a pagar a los que ya no viven allí», agregó.