Latinoamérica carece de capacidad de recuperación rápida ante el brutal impacto del covid-19 en la economía, afirma Roberto Suárez Santos, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores.
Denuncia que primero en Venezuela y más recientemente en Nicaragua y El Salvador la organización empresarial más representativa es sistemáticamente intimidada. Lamenta que la liquidez que tanto necesitan las empresas no esté llegando a ellas, lo que puede terminar de asfixiarlas.
Con cien años de existencia a cuestas, la OIE defiende desde Ginebra la libertad empresarial y representa uno de los tres pilares en los que se sostiene la Organización Internacional del Trabajo.
El español Suárez Santos analiza la nueva forma de trabajar que ha forzado la pandemia y sostiene que hay que adaptar las regulaciones a los cambios que ya están aquí.
—Recientemente se reunió virtualmente con los líderes de organizaciones empresariales de todo Iberoamérica. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que manifestaron en torno al impacto de la covid-19?
—La situación de los países latinoamericanos es diversa, hay que tener en cuenta la fuerte informalidad en varios de ellos y que no todos cuentan con sistemas de protección social suficientemente desarrollados, así que para algunos hacer frente a situaciones de emergencia en el empleo es mucho más difícil. Eso lo han confirmado todos los presidentes de las organizaciones empresariales, pero la mayor preocupación ahora es la falta de capacidad de recuperación rápida. A pesar de que la crisis golpea con retraso a América Latina, la capacidad de reacción es muy limitada y a esto hay que añadir la amenaza a la actividad empresarial. Existe una corriente populista y proteccionista muy acentuada que preocupa sobremanera.
—¿En qué países se está diseminando ese discurso antiempresarial?
—Esto viene de antes del covid-19. Venezuela es un país en concreto donde la actividad empresarial es sistemáticamente perseguida y amenazada, allí ser empresario es una aventura, se está matando el emprendedurismo, pero ahora la situación es peor. En otros países, como Nicaragua o El Salvador, la organización empresarial más representativa es sistemáticamente intimidada o ignorada por parte de las autoridades, con una política de seleccionar a las empresas más afines al régimen. Luego existen otros países, en los que sin llegar a estos niveles, las políticas están muy lejos de favorecer una recuperación rápida.
—¿Qué pueden hacer los gobiernos para acelerar la recuperación en el periodo poscoronavirus?
—Hay mucha incertidumbre. Hacemos predicciones, pero en realidad no sabemos si habrá una segunda ola del virus o si tendremos una vacuna, y por otra parte la actitud de muchos gobiernos no es responsable. Es importante aplicar políticas para que la liquidez llegue a las empresas y a los trabajadores, pero en general esto no está ocurriendo. En muchos países se han puesto en marcha mecanismos de liquidez, pero están supeditados a mil requisitos y procedimientos, lo que va causar grandes caídas del producto interior bruto. La recuperación dependerá de cambios estructurales importantes, como por ejemplo, políticas de empleo para la formación de determinados trabajadores, como los jóvenes o desempleados de larga duración; o políticas que promuevan una transición a la formalidad en el caso de Latinoamérica.
—Del diálogo que ha mantenido en las últimas semanas con la patronal española, ¿cómo ve el futuro el empresariado de España?
—Últimamente hubo iniciativas que de alguna manera menoscaban la capacidad de diálogo social para generar respuestas eficientes y esta es una preocupación que han compartido con nosotros. Por otro lado, la situación de España está muy vinculada a la realidad europea, con una política del Banco Central Europeo que tiende a generar liquidez, aunque hay que tener cuidado con los efectos del endeudamiento a medio y largo plazo. Es importante cierto rigor fiscal y no estamos seguros de que ésta sea la pauta que se está siguiendo en países como España. En el caso de España, como de otros países, lo esencial es actuar rápido en determinados sectores que están siendo afectados de forma brutal por la crisis, y generar políticas de desarrollo industrial que compensen la pérdida de la caída de la producción, y también en el sector servicios.
—¿Existe una estimación de cuántas empresas podrían cerrar en el mundo y más concretamente en Europa y en América como consecuencia del coronavirus?
—Cuando la OIT publicó sus datos sobre pérdida de empleos, pedimos que proporcionase datos de desaparición de empresas. Hay un dato que es bastante impactante, que hay que tomar con cautela y según el cual 436 millones de empresas en el mundo están abocadas al cierre. Más de la mitad de ellas están muy vinculadas al sector textil y del comercio a gran escala. Otro dato es que las pequeñas empresas y autónomos representan el mayor porcentaje de ese total.
—La OMS ha pedido a los países que no se apresuren en el retorno a la normalidad para evitar una segunda oleada del virus. ¿Cómo valora su organización este riesgo?
—Lo primero que hemos dicho los empresarios es que la salud es el valor principal. Dicho esto, es importante tener en cuenta que a medio plazo debe haber una desescalada efectiva, con un enfoque sectorial. Hay sectores cuya recuperación es clave para el empleo y el bienestar social, y saber cuáles son esos sectores depende mucho de cada país e incluso de cada región de un país.
—¿Se está ayudando de forma eficiente a los sectores de la economía más afectados a recuperarse?
—Desde una perspectiva global, la liquidez no está llegando a las empresas, aunque hay esfuerzos importantes. Nosotros estamos en contacto con instituciones financieras para que el dinero llegue a la economía real, a las empresas y, por ende, a los empleados.
—Desde el punto de vista de los empleadores, ¿cómo se observan los cambios en la manera de trabajar que ha forzado esta pandemia? ¿Cómo creen que será el trabajo en el futuro?
—Vemos la aceleración de cambios que ya se estaban produciendo. Ningún responsable de ninguna empresa habría sido capaz de poner en marcha políticas de digitalización o de trabajo a distancia como ha hecho esta pandemia. De la noche a la mañana y sin que nadie lo hubiese previsto, todos nos hemos convertido en forzosamente digitales. El concepto de lugar y tiempo de trabajo se ha relativizado, hoy se puede trabaja de manera remota y al mismo tiempo ser muy productivo. El problema es que muchas de las regulaciones que tenemos no están preparadas para esto y tampoco la infraestructura, la conectividad o los medios digitales. En lo que se refiere a tiempos, el trabajo vinculado a objetivos va a ser la tendencia. A mí no me interesa saber cuántas horas has trabajado, sino que lleguemos a un acuerdo, contigo trabajador, sobre los objetivos que tienes que cumplir este mes o semana. Cómo te organices es tu libertad y tu autonomía.
—¿Y el derecho a la desconexión?
—Eso también es importante. Las políticas de desconexión son muy saludables y necesarias. Yo en mi organización lo aplico. La mejor manera es establecer pautas que todos debemos seguir: los fines de semana, a partir de determinada hora. Ahora hay mecanismos digitales muy sofisticados para medir y hacer un seguimiento de la productividad, que evidentemente tienen desafíos de privacidad que hay que saber gestionar, así como de recursos humanos, pues hay que tener cuidado con cómo se mide la productividad individual para evitar comparaciones y un mal clima laboral.