En plena lucha contra el gobierno que antes apoyaba, Evo Morales se vio de repente enfrentado a su pasado: la apertura de una nueva investigación penal relacionada con el presunto estupro de una menor de 15 años, cuando aún era presidente boliviano.
Sin embargo, la fiscalía del departamento de Tarija volvió sobre el caso para investigar a Morales, esta vez por trata y tráfico de personas.
Estas son las claves del escándalo que envuelve a Morales, en momentos en que le disputa a su exministro y actual mandatario Luis Arce el liderazgo de la izquierda oficialista de cara a las presidenciales de 2025.
El caso de Evo Morales
El nuevo expediente fue abierto por la fiscal del departamento de Tarija Sandra Gutiérrez. La funcionaria ordenó la aprehensión de Morales el 26 de septiembre, pero la orden fue anulada el miércoles por una jueza que acogió un recurso judicial a favor del exjefe de Estado.
El escándalo se remonta a hechos ocurridos cuando el líder cocalero era presidente en 2015. La orden de aprehensión detalla que Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.
Según la orden, los padres de la menor la inscribieron en la «guardia juvenil» de Morales «con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (…) a cambio de su hija menor», lo que configuraría el delito de trata de personas.
La fiscal Gutiérrez fue destituida el miércoles por haber incurrido en una supuesta «conducta negligente».
Aunque Evo Morales ha desestimado la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020 bajo la figura penal de «estupro» -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años- la fiscalía se concentra ahora en su actuación y la de los padres de la víctima.
La disputa
El caso penal resurge en medio del enfrentamiento entre los dos líderes.
«El escándalo (…) tiene ribetes de pugnas internas, porque si no estuvieran peleados evistas y arcistas nunca se habría sabido», anota el abogado y analista boliviano Williams Bascopé, aludiendo a la lucha Morales-Arce.
Esta denuncia entra «en el juego de la disputa política y puede que también genere una indignación generalizada en la gente (…) ante la posibilidad» de que Morales sea culpable, advierte María Teresa Zegada, socióloga de la universidad estatal San Simón.
En los últimos meses, la política boliviana ha gravitado en torno a la intención de Morales de postular a la presidencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional le cerró la puerta a una tercera reelección.
Desde entonces, ha liderado protestas que han puesto contra las cuerdas al gobierno de Arce, a quien acusa de haber manipulado a los jueces para impedir su candidatura.
La última de ellas fue la llamada «Marcha para salvar Bolivia», a finales de septiembre, una extensa caminata de 190 kilómetros hacia La Paz que generó enfrentamientos violentos entre partidarios de ambos dirigentes. Arce lo acusó de tramar un plan para dar un «golpe de Estado»
El viernes, Morales afirmó que el gobierno de Arce busca «proscribirlo». «Por este motivo, luego de la Marcha para salvar Bolivia, activaron de forma simultánea cuatro procesos penales para buscar mi aprehensión», escribió en X.
El costo
Si bien la popularidad de Arce está golpeada por la crisis económica, derivada de la escasez de combustibles y dólares, el escándalo podría sacar a su rival de la competencia por la nominación presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS).
De prosperar la denuncia penal, «se afectaría muchísimo su imagen y además sus posibilidades de volver a ser un actor político» cuando se mostraba muy dispuesto a no renunciar a su candidatura a ningún costo, advierte Zegada.
La denuncia «verdaderamente desequilibra el escenario político contra la posibilidad de que Morales sea candidato, no solamente por la posible veracidad de los hechos, sino porque también ya se ha instalado en términos sociales una sanción respecto» al exmandatario, comenta la analista.
Arce todavía no ha dicho si buscará la reelección, pero un ala del MAS apoya su continuidad, mientras Morales ejerce presión en las calles a la espera de que una nuevo tribunal constitucional – que será elegido en diciembre por voto popular – revierta el fallo que lo inhabilita como candidato.
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