Un total de 22 migrantes venezolanos y un haitiano fueron liberados en marzo de 2021 en un operativo del Programa de Erradicación del Trabajo Esclavo en el estado de São Paulo, Brasil. Estas personas trabajaban en muy malas condiciones para una empresa de transporte llamada Sider, subcontratada por dos de las mayores cerveceras del mundo, las multinacionales Ambev y Grupo Heneiken.
Estas empresas elaboran un calendario para pagar a los empleados los daños morales, y tendrán algunas semanas para preparar su defensa en el caso. Cada trabajador rescatado recibirá aproximadamente 657.270 reales (125.000 dólares).
Los migrantes vivieron durante meses (algunos más de un año) en la cabina de los camiones aparcados en las sedes de Sider en Limeira y Jacareí, ciudades del interior de São Paulo. Trabajaban durante jornadas extenuantes y sin días libres. Además, no tenían acceso a agua potable.
Los trabajadores también debían pagar por el uniforme de trabajo, por nacionalizarles el permiso de conducir y por los imprevistos que sufriera el vehículo asignado para los viajes.
La legislación brasileña establece que les correspondería a Heineken y Ambev supervisar que el contratista tercerizado (Sider) cumpla las obligaciones laborales, por lo que también se les responsabilizará por tener a trabajadores esclavizados.
El informe presentado por las autoridades indicó que ambas cerveceras actuaron con ceguera deliberada al ignorar la debida verificación del cumplimiento de las leyes por parte de la empresa de transporte, con el objetivo de obtener beneficios en detrimento de las normas de protección laboral.
«La extenuante jornada laboral y las condiciones degradantes por no tener alojamiento, por ejemplo, son condiciones que tendría que haber controlado el contratista [Ambev y el Grupo Heineken]», señaló la inspectora de trabajo Lívia dos Santos Ferreira.
El informe es categórico en cuanto al papel de las cerveceras: “El Grupo Heineken falló al elegir y contratar a Sider como proveedor de servicios de transporte, al no inspeccionar ni exigir que la contratada cumpliera la legislación laboral y, por último, al no garantizar directamente las condiciones de higiene, salud y seguridad de los trabajadores rescatados”. Lo mismo se aplica a Ambev.
Un venezolano, cuyo nombre fue reservado por protección, contó al diario El País de España que cuando los trabajadores se quejaban sobre los tratos abusivos, simplemente los supervisores les respondían que regresaran a su país.
«Fue una época muy difícil. Nos trataban como perros, como animales. Viví durante 11 meses en mi camión, en un espacio donde solo podía echarme y dormir, nada más», afirmó.
La respuesta de las cerveceras
En un comunicado, el Grupo Heineken afirmó que se enteró del caso a través de la Superintendencia Regional del Trabajo, y que colaboró activamente para garantizar todos los derechos fundamentales de los trabajadores tal como indicaron los auditores.
La empresa también afirmó que todos los proveedores se someten a un riguroso proceso de selección y firman un código de conducta en el que se comprometen a cumplir plenamente la legislación laboral y relativa a los derechos humanos.
Ambev declaró por su parte que en cuanto tuvieron conocimiento de la denuncia a Sider, una empresa de transporte que presta servicios a Ambev y a otras compañías, se aseguraron inmediatamente de que los conductores fueran trasladados a un hotel, donde se les dio cobijo y recibieron todo el apoyo necesario.
«Siguiendo las directrices y con el acuerdo de los inspectores de trabajo, aseguramos el pago de todas las indemnizaciones laborales y que la empresa de transportes facilitara el regreso de los conductores a su lugar de origen o trajera a su familia, según la elección de cada uno”.
Régimen de esclavitud
La remuneración mensual de estos trabajadores variaba entre 1.900 y 4.000 reales (entre 360 y 750 dólares); sin embargo, el trabajador solo alcanzaba el valor máximo cuando era sometido a todas estas violaciones, viviendo en la cabina del camión y sin días libres.
Sider ofrecía a los trabajadores la posibilidad de vender sus días libres, lo que no es ilegal. Pero sin tener adónde ir, porque la empresa no les ofrecía alojamiento, y desesperados por ahorrar dinero para ayudar a sus familias en casa, muchos aceptaban la propuesta. En el informe, los inspectores afirman que esa práctica constituía un abuso de la vulnerabilidad del trabajador inmigrante.