El Consejo de la Unión Europea prorrogó oficialmente este jueves por otros seis meses las sanciones económicas dirigidas a sectores específicos de la economía rusa por el papel de Moscú en la crisis separatista en el este de Ucrania.
La prórroga será hasta el 31 de julio de 2020.
El acuerdo político para prolongar estas sanciones lo tomaron los líderes comunitarios en su última cumbre el pasado 12 de diciembre. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hicieron un informe a sus homólogos sobre la falta de avances en la implementación de los Acuerdos de Paz de Minsk en el este ucraniano.
«Dado que los Acuerdos de Minsk no se han aplicado en su totalidad, el Consejo Europeo adoptó por unanimidad la decisión política de renovar las sanciones económicas contra Rusia», recordó la institución.
Las medidas prorrogadas afectan a los sectores financiero, energético y de la defensa. También al ámbito de los productos de doble uso, civil y militar.
Estas sanciones se adoptaron inicialmente el 31 de julio de 2014 por un período de un año, en respuesta a las acciones emprendidas por Rusia, ante todo, la anexión de la península ucraniana de Crimea que «desestabilizaba la situación de Ucrania», y se reforzaron en septiembre de ese mismo año.
La UE prohíbe exportación e importación de armas
En concreto, consisten en limitar el acceso a los mercados primario y secundario de capitales de la UE para cinco importantes entidades financieras rusas con participación mayoritaria del Estado y para sus filiales.
También para tres importantes empresas rusas del sector de la energía y otras tres de la defensa, precisó el Consejo.
Además, imponen una prohibición de exportación e importación de armas y de exportar productos de doble uso. Militar o usuarios militares en Rusia.
Por último, las medidas restringen el acceso de Rusia a determinadas tecnologías. También servicios sensibles que pueden utilizarse para la producción y la exploración petrolíferas.
El 19 de marzo de 2015, el Consejo Europeo vinculó la duración de las sanciones a la plena aplicación de los Acuerdos de Minsk. Según lo previsto debía terminar el 31 de diciembre de 2015, a más tardar.
Dado que esta circunstancia no se presentó, las sanciones se han mantenido.