La Unión Europea (UE) advirtió este miércoles sobre los riesgos al pluralismo en la prensa, la falta de transparencia en normas sobre cabildeo y los problemas persistentes en materia de independencia judicial, al presentar su informe anual sobre el Estado de derecho.
El informe de la Comisión Europea refuerza sus críticas a Polonia y Hungría, dos países con los que mantiene una tensa relación precisamente por atropellos al Estado de derecho, pero casi la totalidad de sus recomendaciones a España también se refieren a la situación del sistema de justicia.
El informe que el ejecutivo europeo presentó este miércoles también pidió, en general, reforzar los mecanismos que garanticen el pluralismo en los medios de prensa evitando la concentración, en especial en Bulgaria, Grecia, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovenia.
También recomendó que los países se empeñen en definir una normativa sobre el hecho de hacer lobby. «Una reglamentación específica sobre el cabildeo es aún ausente o puede ser mejorada en varios países miembros», apuntó el documento.
Con relación a Hungría y Polonia, el informe de la Comisión recuerda la obligación de esos dos países de alinearse con los fallos relativos al Estado de derecho emitidos por el sistema europeo de justicia, una situación que es constante motivo de tensiones con Bruselas.
A Hungría, el ejecutivo del bloque le recomendó adaptar las reglas de la Suprema Corte «para suprimir los nombramientos judiciales fuera del procedimiento ordinario, y reforzar los criterios de elegibilidad del presidente» de esa corte,
Polonia y Hungría
También sugirió reforzar el control de los órganos judiciales sobre el titular de la Suprema Corte, «teniendo en cuenta los estándares europeos, y eliminar la posibilidad de revisión la necesidad de referencias preliminares, de conformidad con los requisitos de la legislación de la UE».
La Comisión pidió a Polonia «garantizar investigaciones y enjuiciamientos independientes y efectivos, abordar el amplio alcance de las inmunidades de los altos ejecutivos y abstenerse de introducir cláusulas de impunidad en la legislación».
También le recomendó «separar la función del ministro de Justicia de la del Fiscal General y garantizar la independencia funcional de la fiscalía».
El ministro polaco de Justicia, Zbigniew Ziobro, criticó el reporte y acusó a la Comisión Europea de querer «derrocar el poder, que tiene un mandato democrático, en Polonia».
En tanto, el primer ministro húngaro, Gergely Gulyas, denunció «un nuevo y no muy interesante capítulo de la campaña de difamación» de Bruselas contra su país.
Indefinición en España
En el capítulo referido a España, las preocupaciones de la Comisión se centran en la interminable indefinición en la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano clave que se encarga entre otras cosas de nombrar a los jueces, y cuyo mandato expiró hace más de tres años.
Esta crisis hace que en la práctica no se puedan reemplazar vacantes en los tribunales Supremo y Constitucional, y se acumulen los asuntos sin resolver.
En su informe, la Comisión recomendó a España que avance con la renovación del CGPJ «con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos».
Doce de los veinte miembros del CGPJ son nombrados por las dos cámaras del Parlamento, pero su renovación ha estado bloqueada a falta de un acuerdo, principalmente entre los socialistas de Pedro Sánchez y el principal partido de oposición, el Partido Popular.
Más recientemente, el gobierno propuso una reforma del poder judicial que podría aprobarla esta semana por el Congreso de los Diputados, y que permitiría renovar a varios magistrados del Tribunal Constitucional con el mandato vencido.
Un último intento de negociación entre la oposición y el gobierno fracasó el lunes, toda vez que los socialistas se negaron a retirar la reforma tal y como exigían los conservadores.
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