El activista por los derechos humanos Charles recuerda una época en que la sociedad civil florecía en China y él podía dedicar su tiempo a ayudar a mejorar las vidas de las personas de clase trabajadora.
Ahora, después de 10 años de poder del presidente Xi Jinping, las organizaciones comunitarias como la suya han sido desmanteladas, sin esperanzas de renacer.
Charles huyó de China y varios de sus amigos activistas están en la cárcel.
«Después de 2015, el conjunto de la sociedad civil empezó a colapsar y a fragmentarse», dice a AFP usando un seudónimo por motivos de seguridad.
Xi, a punto de sellar un tercer mandato en el país más poblado del mundo, ha liderado una década de destrucción de los movimientos cívicos, los emergentes medios independientes y las libertades académicas.
Mientras Xi trataba de eliminar amenazas al Partido Comunista, muchos trabajadores de ONG, abogados de derechos y activistas fueron amenazados, encarcelados o exiliados.
AFP entrevistó a ocho activistas chinos e intelectuales, algunos todavía activos, que describen este proceso. Algunos sufren acoso de agentes de seguridad y otros no pueden publicar usando sus nombres.
«Mis colegas y yo hemos experimentado frecuentemente interrogatorios de 24 horas», dice a la AFP un empleado de una ONG de derechos LGBTIQ+ bajo condición de anonimato, que sufre trauma psicológico por estos sucesos.
«Nos hemos vuelto cada vez más incapaces, ya sea desde una perspectiva financiera, operativa o personal», añade.
Camino al desmantelamiento
El proceso ha sido largo y dificultoso para los activistas.
En 2015, unos 300 abogados y defensores de derechos humanos fueron detenidos en una amplia campaña conocida como la «represión del 709», por haber comenzado el 9 de julio.
Muchos abogados estuvieron encarcelados o bajo vigilancia durante años y otros fueron inhabilitados, según grupos de derechos.
Otro momento clave fue la adopción en 2016 de la llamada ley de ONG extranjeras, que impuso restricciones y dio a la policía amplios poderes sobre estas organizaciones en el país.
«En 2014 podíamos desplegar pancartas de protesta, realizar trabajo de campo científico y colaborar con medios chinos para exponer abusos ambientales», dice a la AFP un trabajador de una organización ecologista bajo condición de anonimato.
«Ahora tenemos que informar a la policía antes de hacer nada. Cada proyecto debe ser en colaboración con un departamento del gobierno que hace más bien de comité supervisor», asegura.
La situación es muy distinta a comienzos de los 2010, cuando los grupos civiles podían actuar bajo el clima relativamente permisivo del expresidente Hu Jintao.
«En las universidades surgieron varios grupos LGBTIQ+ y de género en 2015», recuerda Carl, miembro de un grupo LGBTIQ+.
Pero en 2018, la intolerancia hacia el activismo se plasmó con la supresión del movimiento feminista #MeToo y el arresto de decenas de estudiantes activistas.
«Las actividades permitidas discretamente antes fueron prohibidas mientras se intensificó el trabajo ideológico como las clases de educación política», dice Carl.
En julio de 2022, la prestigiosa universidad pekinesa de Tsinghua advirtió a dos estudiantes por distribuir banderas arcoíris y decenas de páginas LGBTIQ+ de grupos estudiantiles fueron bloqueadas.
«Guerra imposible de ganar»
Otro mal presagio fue un comunicado interno del Partido Comunista en 2013 que prohibía defender lo que describía como valores liberales occidentales, como la democracia constitucional o la libertad de prensa.
«Trataba estas ideologías como hostiles, aunque en los 1980 podíamos discutirlas y publicar libros sobre ellas», dice Gao Yu, una periodista independiente en Pekín que fue encarcelada entre 2014 y 2019 por filtrar supuestamente este documento.
«En una sociedad normal, los intelectuales pueden cuestionar los errores del gobierno. Si no, (…) ¿no es lo mismo que en la era de Mao?», pregunta en referencia al fundador de la China comunista, Mao Zedong.
Gao, de 78 años, está bajo vigilancia, no tiene ingresos y no puede recibir llamadas del extranjero o reunirse con amigos. «Somos todos como granos de maíz molidos por el molino del pueblo», afirma.
En el lugar de Gao y sus compañeros hay ahora célebres académicos que repiten la ideología nacionalista de los líderes. Otros se han visto obligados a dejar sus cargos o a ser vigilados por sus propios estudiantes.
«Ha florecido una cultura de la delación en el reino intelectual chino en la última década», señala Wu Qiang, exprofesor de ciencias políticas en Tsinghua y crítico del Partido.
«Los estudiantes se han convertido en censores que revisan cada frase del profesor, en vez de aprender a través de la discusión mutua».
Enfrentados a este clima, muchos activistas han dejado el país o han suspendido su militancia. Solo un puñado persevera a pesar de la creciente hostilidad como el acoso en línea.
«A lo mejor ahora estamos en lo fondo del valle (…) pero la gente todavía habla incansablemente», dice Feng Yuan, fundadora del grupo de derechos de género Equity.
Para otros, como el activista medioambiental, es una «guerra imposible de ganar» contra los troles nacionalistas para quienes los trabajadores de ONG son «anti-China y con el cerebro lavado por Occidente».
«Me hace sentir que todos mis esfuerzos fueron en vano», dice.
Los amigos de Charles, la activista del #MeToo Huan Xueqing y el defensor de los derechos laborales Wang Jianbing, fueron detenidos durante un año sin juicio por cargos de subversión.
En su opinión, las autoridades veían sus encuentros de jóvenes activistas como una amenaza. Y el listón está cada vez más bajo.
«El gobierno va ahora en contra de individuos que hacen un activismo sutil, de bajo perfil y pequeña escala», asegura. «Se han asegurado de que no haya una nueva generación de activistas».