La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) desaprobó este lunes la sentencia condenatoria contra la directora y un periodista del diario ABC Color, de Paraguay, por considerar que el fallo quebranta principios interamericanos sobre libertad de prensa.
La SIP, con sede en Miami (Florida, EE UU), advirtió en un comunicado del posible efecto de «autocensura» del fallo en el periodismo de investigación.
La directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano fueron condenados el 18 de noviembre por el delito de difamación contra la exsubsecretaria de Estados de Tributación (SET) Marta González Ayala, por información publicada en el diario en 2019 sobre supuestas irregularidades durante el proceso de licitación para actualizar el sistema tributario.
«La justicia debe favorecer la libertad de prensa»
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, gerente global de licencia e innovación de The New York Times (NYT), precisó que cuando hay un conflicto entre dos principios fundamentales como la libertad de prensa y la protección de la reputación de los funcionarios en temas de interés público, «la justicia debe favorecer la libertad de prensa, como establece la jurisprudencia interamericana».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo por su parte que la SIP «está muy atenta al proceso judicial» y confía en que se abra una instancia de apelación.
Jornet, director del diario argentino La Voz del Interior, se refirió además al tercer principio de la Declaración de Salta de la SIP, que subraya que los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público.
Los directivos de la SIP coincidieron en resaltar el potencial efecto negativo de autocensura y a la fiscalización de la cosa pública que pueden generar fallos condenatorios contra periodistas y medios por cuestionar a funcionarios.
Acoso judicial
La sentencia, que será apelada, obliga a Zuccolillo a compensar a la exfuncionaria con más de 68.000 dólares y a Lezcano a pagar cerca de 840 dólares.
La SIP ya se había expresado en septiembre su preocupación por el acoso judicial que sufre el diario y aprobó en abril una resolución sobre el caso que también se debatió durante la Asamblea General de la organización, celebrada en Madrid (España) en octubre.