La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entregó hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre «la caótica situación en Nicaragua» y la violación sistemática de las libertades de prensa y de expresión por parte del régimen del presidente Daniel Ortega.
El reporte elaborado tras una misión virtual desarrollada entre el 28 de junio y el 2 de julio últimos fue presentado durante un acto público por internet, con la participación de la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, de grupo OPSA, de Honduras; Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de La Voz del Interior, de Argentina, y Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP.
El presidente de la SIP expresó su confianza en que al elevar las conclusiones a la CIDH y su Relatoría Especial se mantendrá «la esperanza de muchos nicaragüenses entrevistados que nos pidieron que alcemos su voz para que la comunidad internacional no los olvide y busque remedios para neutralizar a la dictadura». Canahuati manifestó su solidaridad para con los periodistas y medios independientes de Nicaragua que «siguen esforzándose para informar pese al clima de zozobra generalizado».
Importante informe de la SIP
La comisionada Urrejola resaltó la importancia de este informe de la SIP y condenó que en Nicaragua «no sea posible manifestarse sin ser acallado inmediatamente». Dijo que en el país existe un estado de excepción de facto y que «en Nicaragua no se respira democracia ni libertades civiles».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, quien abordó los resultados de la misión virtual, destacó que el gobierno «busca acallar todo cuestionamiento al poder concentrado del matrimonio gobernante». Dijo que uno de los entrevistados describió a la delegación de la SIP que «el silencio de la calle habla», situación que también se observa en el silencio progresivo de las redes sociales. «Seguramente, al régimen lo exaspera que haya periodistas valientes, empecinados en no callar y seguir contando al país y al mundo lo que realmente ocurre en Nicaragua», consideró Jornet, del diario La Voz del Interior, de Argentina.
Tras sostener reuniones con periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios, representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica, la SIP concluyó que «el cerco sobre el periodismo libre se va cerrando día a día».
Jornet detalló los problemas principales para el ejercicio del periodismo en Nicaragua: «el éxodo de personal y directivos de los medios; dificultades para acceder a insumos esenciales; presiones a anunciantes; retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas; estigmatizaciones y amenazas para generar autocensura; menor actividad de las redes sociales por temor a ser perseguido; falta de acceso a información pública; concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de las fuentes para que no se las consulte o al menos no se las mencione».
Autocensura
El Relator Vaca resaltó la importancia del informe. Destacó que es de gran preocupación el ambiente de autocensura que existe en Nicaragua, plagado de declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades, hostigamiento, detenciones, acoso judicial y allanamientos, entre otros signos de represión. También resaltó el papel fundamental que cumple la prensa nicaragüense en este año electoral y les agradeció por su valentía.
Jornet añadió que «cuando en un país no hay ley, justicia ni libertad de expresión, como surge claramente de la misión realizada a Nicaragua, no existen condiciones mínimas para la vida democrática».
«Se necesita con urgencia –añadió Jornet– «garantizar el ejercicio pleno de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, claves para restablecer un debate ciudadano abierto y plural, el cual el gobierno se empeña en abortar y sin el que es imposible hablar de vigencia de la democracia. Sólo queda, en todo caso, una pátina de simulacros electorales para intentar dotar de legalidad a un régimen autocrático y hoy descontrolado, luego de casi tres lustros de progresiva concentración de poder».