La lucha interna en el conservador Partido Popular español, el principal partido en la oposición en España, llegó este miércoles a una guerra abierta y pública en un duro cruce de acusaciones entre la dirección nacional y la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un supuesto espionaje del propio partido a la dirigente regional para destapar un presunto caso de corrupción, con el fin de desbaratar las aspiraciones de Ayuso.
La crisis actual tiene que ver con la lucha de Díaz Ayuso por presidir el partido en Madrid, algo que lleva reclamando desde hace tiempo y que desde la cúpula del PP, encabezada por el líder del partido, Pablo Casado, se resisten a aceptar.
La presidenta de la región de Madrid se convirtió durante la pandemia en uno de los pesos fuertes de los conservadores, por sus decisiones sobre las restricciones ante el covid, que permitió, en contra del resto del país, mantener la apertura del sector hostelero, entre otras decisiones contra corriente, lo que le brindó un gran apoyo popular en las elecciones madrileñas del pasado mayo.
Tras una tregua propiciada por la celebración de comicios regionales en la comunidad autónoma de Castilla y León el pasado domingo, la pugna por el poder en el seno del partido regresó con más fuerza que nunca, y hoy se materializó con la publicación en varios medios de comunicación del caso de corrupción que involucraría al hermano de la presidenta madrileña.
Ese caso tendría que ver con la existencia de un contrato y de las relaciones personales del hermano de Ayuso con la empresa Priviet Sportive, S.L. para comprar mascarillas FFP2 y FFP3 en el inicio de la pandemia.
Desde primera hora, se sucedieron las comparecencias ante la prensa de uno y otro lado, con fuertes acusaciones cruzadas, la primera la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien aseguró que abrió una investigación para dilucidar si se había contratado un detective por parte de una empresa municipal y que depurará responsabilidades, si las hay. El alcalde insistió en su comparecencia en que esa investigación no existió.
Poco después, compareció Díaz Ayuso, quien directamente acusó al PP y a Casado de maniobrar para desprestigiarla «personal y políticamente» y vincularla con la corrupción desde «el anonimato», «sin pruebas» e involucrando a su familia, con la filtración a los medios de una supuesta comisión que su hermano habría obtenido de un contrato de la Comunidad de Madrid.
«Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de forma tan cruel y tan injusta contra mí», afirmó la presidenta madrileña, quien reconoció la existencia del contrato que involucraría a su hermano aunque aseguró que «no hay nada ilegal», ya que se realizó cuando todas las administraciones buscaban material sanitario.
Tras la comparecencia de Díaz Ayuso, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció que el partido ha abierto un expediente informativo contra la presidenta madrileña por las graves acusaciones contra Casado y que consideró «casi delictivas».
Los estatutos del PP consideran infracciones muy graves, que pueden conllevar la suspensión de la afiliación entre cuatro y seis años, la inhabilitación para representar al PP por igual tiempo o incluso la expulsión la «manifiesta deslealtad al partido», entendida como «toda acción u omisión voluntaria que pueda perjudicar el interés general del Partido».
«Este partido no tolerará ningún ataque a la honorabilidad… y que se ataque de forma tan cruel e injusta a la dirección que le ha dado todo», puntualizó García Egea.
Díaz Ayuso fue la candidata de Casado a encabezar el Gobierno regional de Madrid, pero desde su llegada al poder se convirtió en una de sus principales rivales y una nota discordante dentro del partido.