Las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias en Nicaragua siguen siendo utilizadas para silenciar a la oposición y deben acabar, indicaron este miércoles expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en un comunicado conjunto.
También reclamaron que se informe de inmediato a los familiares sobre la suerte y paradero de estos detenidos y desaparecidos, cuyo número aumentó especialmente a partir de las manifestaciones de 2018.
«Muchas personas fueron arrestadas violentamente sin órdenes judiciales, sometidas a detención en régimen de incomunicación y desaparición forzada, y condenadas en procesos judiciales sin representación legal adecuada. Muchas siguen en prisión, incluso después de cumplir sus sentencias», destacaron.
En esos procesos se abusó de las acusaciones relacionadas con el terrorismo y la seguridad nacional, aseguraron los expertos, quienes también denunciaron tortura y violencia sexual contra víctimas de detención arbitraria.
También resaltaron que incluso las salvaguardias legales más básicas, como el acceso a un abogado, a un médico o a medicamentos, y las visitas familiares, suelen ser denegadas.
«A medida que pasa el tiempo, las condiciones de aquellas personas que siguen detenidas se deterioran aún más, lo que tiene un impacto profundo en su salud física y psicológica», indica el comunicado.
Al mismo tiempo, sus familias a menudo no tienen forma de verificar dónde se encuentra su ser querido o temen denunciar las desapariciones forzadas por miedo a represalias, «lo cual se complica aún más cuando las familias están en el exilio», agregaron.
Los expertos recordaron que desde 2021 al menos 427 arrestos han sido registrados, en su mayoría de personas con vínculos con procesos electorales nacionales, municipales o regionales, incluyendo estudiantes, precandidatos presidenciales, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas.
Firman el comunicado, entre otros, los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, y el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz.
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