Una relatoría especial de la ONU manifestó su grave preocupación por las condiciones de recepción de los migrantes irregulares que llegan a Panamá luego de atravesar la selva del Darién en su viaje hacia Norteamérica, ante las continuas denuncias sobre el estado inhumano de las estaciones a las que son trasladados en el país centroamericano.
En un informe entregado al gobierno de Panamá en diciembre, al que tuvo acceso Efe este jueves, el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes alerta de las denuncias sobre «las condiciones supuestamente precarias e insalubres» de las llamadas estaciones de recepción migratoria (ERM) de Panamá.
Las denuncias abarcan supuestos malos tratos y abusos, incluso de carácter sexual, por las autoridades que gestionan las ERM hacia los migrantes, que llegan a Panamá tras recorrer varios países suramericanos y cruzar la peligrosa selva del Darién, según el documento del organismo mundial.
El texto hace énfasis en que según la información recibida, en las ERM las personas migrantes irregulares «se encontrarían de facto privadas de libertad, al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades panameñas hacia la frontera con Costa Rica», a un costo de 40 dólares por persona que deben asumir los viajeros, muchos de los cuales carecen de fondos, por lo que quedan atrapados allí.
Esto es así «aunque estas estaciones no son consideradas por las autoridades panameñas como centros de detención», señala el documento, firmado por el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales; Mumba Malila, vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y otros seis funcionarios de relatorías y expertos independientes de la ONU.
Preocupados por condiciones para recibir a migrantes
«Sin prejuzgar la veracidad de estas alegaciones (…) nos preocupan gravemente las condiciones de recepción de las personas migrantes», dada «la insuficiente atención proporcionada a las necesidades básicas» en las ERM. Además de «la falta de acceso a mecanismos de justicia y reparación para aquellas personas que han sido víctimas de violencia, entre otras».
La ONU indicó que «preocupaciones similares» se transmitieron en meses anteriores al gobierno panameño, pero que «hasta la fecha» de diciembre pasado no se había «recibido ninguna respuesta» por su parte.
«De ser confirmadas, las situaciones descritas constituirían violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes», indica el documento de 18 páginas.
Los relatores y expertos independientes de la ONU expresaron su «más profunda preocupación por la actual situación de desprotección que afecta a las personas migrantes que transitan e intenta cruzar el Tapón del Darién, donde enfrentan graves riesgos para su salud e integridad física que ponen en peligro su vida y donde se encuentran expuestos a sufrir abusos generalizados y violaciones de los derechos humanos por parte de grupos criminales».
Las ERM se sitúan en las fronteras sur (Colombia) y norte (Costa Rica) de Panamá. Allí los migrantes en tránsito reciben atención sanitaria y alimentación y se les toman los datos biométricos, lo que permite a Panamá contabilizarlos: 248.284 en 2022 – una cifra sin parangón – 133.726 en 2021 y 30.055 de 2016, durante la primera crisis migratoria debido al paso de cubanos.
El gobierno panameño, no obstante, aduce que ningún otro país en América ofrece este tipo de asistencia a los migrantes en tránsito, en lo que ha invertido desde 2020 al menos 50 millones de dólares, según sus cifras.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), que decretó medidas a favor de los migrantes en mayo de 2020 debido al hacinamiento y los casos de covid-19 en las ERM, visitó estas instalaciones en marzo de 2022. Posteriormente levantó las medidas ordenadas al país para garantizar los derechos a la salud y la vida de esos viajeros, informó en junio el gobierno.