El juez peruano Víctor Zúñiga emitió este viernes el auto de enjuiciamiento que marca el inicio del proceso penal por lavado de activos contra la líder opositora y excandidata presidencial Keiko Fujimori, a raíz de los supuestos aportes ilegales a sus campañas electorales.
El magistrado declaró la «validez formal y material del requerimiento acusatorio, así como la existencia de una relación jurídica procesal válida», según la resolución judicial publicada este viernes por los medios de comunicación.
En este caso, denominado ‘Cócteles’, están denunciados los integrantes de la cúpula del partido fujimorista Fuerza Popular, entre ellos Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Hertz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y el exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, entre otros 30 imputados.
La decisión del magistrado Zúñiga se dio a conocer el mismo día en que otro juez de la ciudad de Ica declaró improcedente un fallo del Tribunal Constitucional que restituía el indulto, con la consecuente excarcelación, al exmandatario Alberto Fujimori, el padre de la excandidata condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
Medidas contra Fujimori
El juez Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, ya había ordenado en mayo pasado el impedimento de salida del país por 36 meses contra la excandidata y seis de sus más cercanos colaboradores en el partido.
La líder fujimorista, que ya ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones, está acusada de lavado de activos, un delito en torno al caso «Cócteles» por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales de 2011 y 2016.
Además, el juez ordenó una serie de reglas de conducta a Fujimori, y a otros investigados, como la prohibición de no cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial y no comunicarse con el resto de imputados, testigos o peritos.
El caso ‘Cócteles’ cuenta con 41 presuntos implicados y está relacionado con el lavado de activos atribuido a la empresa constructora Odebrecht al haber hecho aportes ilegales en las campañas presidenciales de Fujimori, una denuncia que fue investigada por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público de Perú.
Fujimori se enfrenta a un pedido de 30 años de cárcel, según la hipótesis fiscal José Domingo Pérez, que la señala como la cabecilla de una organización criminal que opera al interior de su partido político.
Tras más de dos años de investigación, en marzo de 2021, la Fiscalía hizo este pedido de prisión y una acusación formulada por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Esta acusación también incluye a Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces SAC como imputados para que, en caso de lograr una sentencia condenatoria, se pida su disolución y liquidación.