La justicia de El Salvador se encuentra en el ojo del huracán desde que hace unos días decidió que el manoseo sexual a una niña de 10 años de edad, presuntamente cometido por el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, es una falta, no un delito.
Los jueces Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, de la Cámara de lo Penal de San Salvador, optaron por no llevar a juicio al magistrado Escalante Díaz al fallar que el tocamiento a la menor no será tipificado como un delito.
La cámara competente indicó en un comunicado que “como resultado de un adecuado y responsable proceso de deliberación llegaron a la conclusión de que la conducta imputada al magistrado Escalante Díaz no es constitutiva del tipo penal por el cual fue acusado”.
La decisión está “fundamentada en los hechos, en los elementos de prueba aportados por la niña víctima. Y en el dictamen pericial correspondiente, así como en criterios doctrinarios y jurisprudenciales”.
Indiganación contral el fallo judicial
Esta decisión indignó a un sector de la población salvadoreña y llevado al presidente Nayib Bukele y a varias organizaciones nacionales e internacionales. Esto en defensa de los derechos de la niñez a manifestarse contra el fallo.
Aunque el juez Escalante Díaz lo acusaron el pasado febrero de presunta agresión sexual agravada. Estará en libertad hasta que lo llamen a declarar.
Habrá apelación: Las niñas no se tocan
El fiscal general, Raúl Melara, dijo este miércoles que apelará la resolución en cuento llegue al ministerio Público. El lunes pasado señaló que “tocar a una niña o niño de manera sexual y atrevida debe de ser penado de la manera más drástica”.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho pidieron un debido proceso penal para que las autoridades competentes actúen. “En atención al interés superior de la niña, establecido en la Constitución. Y en las declaraciones universales sobre los derechos humanos”.
La Unicef solicitó al Estado “que fortalezca sus recursos para investigar y analizar los casos de violencia sexual contra la niñez”.
Roberto Domínguez, especialista de Protección de Unicef, dijo que “se debe garantizar el acceso a la justicia y a los derechos frente a la violencia y que las víctimas tengan acceso a los servicios sociales y de atención psicológica”.