El Tribunal de Sesiones de Edimburgo dictaminó que el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, actuó de acuerdo con la legalidad cuando decidió suspender temporalmente el Parlamento hasta pocos días antes de la salida de la Unión Europea.
El juez Lord Raymond Doherty afirmó este martes que la acción del gobierno «no contraviene la ley», porque el Ejecutivo es quien tiene la potestad de suspender la Cámara de los Comunes.
70 diputados británicos pidieron que se estableciera la legalidad de clausurar de la Cámara de los Comunes para evitar que los detractores de un «brexit» sin acuerdo puedan frenarlo.
El magistrado señaló que la acción del gobierno puede en este caso ser llevada ante los tribunales considerando que «el Ejecutivo rinde cuentas ante el parlamento».
Es una «decisión política», señaló. Lord Doherty añadió que, tomando en cuenta «la separación de poderes», no era voluntad del tribunal «interferir» en la labor gubernamental.
Rechazó la petición de tildar el caso de «ilegal» y «anticonstitucional», y que los demandantes presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo británico.
Joanna Cherry, diputada del Partido Nacionalista Escocés y líder de la demanda rechazó el dictamen y afirmó que los acusadores «apelaran e inmediato».
«Ha cometido un error de ley en este punto y en otros», escribió Cherry en Twitter.
Entre los firmantes de esta demanda también está el líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes.
El activista Jo Maugham, de la asociación contraria al «brexit» «The Good Law Project» forma parte del grupo demandante y estuvo presente durante el dictamen.
Boris Johnson consigue así su primera victoria judicial.