El Tribunal de Apelaciones de Londres analizará a partir del martes 22 de septiembre el recurso del régimen de Nicolás Maduro contra el fallo que dio al equipo ad hoc del presidente encargado, Juan Guaidó, el control sobre las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra.
Tras escuchar a las partes hasta el jueves, los jueces Kim Lewison, Stephen Males y Stephen Phillips decidirán, en una fecha por concretar, si su colega Nigel Teare, de la división Comercial y de la Propiedad del Tribunal Superior, acertó cuando el 2 de julio se declaró a favor de Guaidó.
Teare dictó entonces que es la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Guaidó, presidida por Ricardo Villasmil, y no la oficial designada por Maduro y encabezada por Calixto Ortega, la que puede acceder a los 31 lingotes de oro venezolanos, valorados en unos 1.300 millones de dólares.
El juez consideró que el gobierno británico reconoció inequívocamente a Guaidó como presidente interino constitucional de Venezuela y es por tanto la junta nominada por él -que ha sido declarada ilegal en Venezuela y cuyos miembros viven en el extranjero- la que tiene autoridad sobre las reservas.
También dictó que no es justiciable -es decir, que el tribunal inglés no tiene potestad para someter a examen- la legalidad, con base en el derecho venezolano, de los nombramientos a la junta del BCV hechos por el dirigente opositor, que fueron anulados por el Tribunal Supremo de Caracas.
Durante ese proceso, el abogado de la junta de Maduro, Nick Vineall, adujo que, aunque el gobierno de Londres declaró en un comunicado en 2019 que reconoce a Guaidó como presidente interino constitucional hasta que se celebren elecciones creíbles, en la práctica mantiene lazos diplomáticos con el régimen de Maduro, aunque no lo apruebe.
Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el Ejecutivo británico reconoce claramente al opositor como cabeza del Estado de Venezuela y por tanto el tribunal debe hacer lo mismo con base en la doctrina de una sola voz aplicable en el Reino Unido, que obliga a las instituciones estatales a mantener una posición unificada en política exterior.
El Tribunal de Apelaciones tendrá que dirimir por un lado si el Reino Unido en realidad reconoce a Guaidó a todos los efectos y por otro, si tiene potestad para examinar sus actos declarados ilegales en Venezuela.
La Justicia británica debe establecer cuál de las dos juntas es la legítima a fin de avanzar en la demanda presentada en mayo contra el Banco de Inglaterra por Ortega, que acusa a la entidad financiera de infringir el contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra el covid-19 en el país.