La crisis de los cadáveres continúa en Guayaquil, donde varias familias aún no han podido enterrar a sus seres queridos porque, o no los localizan, o la elevada presión en los camposantos y las restricciones por covid-19, lo impiden.
El gobierno indicó a inicios de semana que la recolección de cadáveres estaba al día y habilitó un servicio en línea para que los familiares pudieran conocer dónde se hallaban sus difuntos.
Pero siguen las colas en los cementerios para poder conocer el paradero de fallecidos así como para proceder a los enterramientos.
Más de dos semanas sin saber paradero de un cuerpo
Alcides Gutiérrez deambula por la ciudad sin conocer cuál ha sido la suerte de su tía Lourdes, muerta el 25 de marzo en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Teodoro Maldonado Carbo.
«Mi tía ingresó al hospital del IESS con insuficiencia respiratoria el 14 de marzo, pasaron los días y nos dijeron que estaba mejorando, incluso que la pasarían a la unidad de cuidados intermedios, hasta que desde el 23 de marzo no supimos más de ella», recuerda.
En la tarde del 26 comunicaron a una de sus hijas el fatídico desenlace, el comienzo de una odisea que se inició con el trámite para intentar sacar el cuerpo de su tía del centro médico.
«Empezamos a hacer gestiones con la Junta de Beneficencia y nos hicieron pagar una multa, pues decían que el certificado de defunción señalaba que falleció el 25 y no el 26», explicó a Efe.
Cuando los parientes regresaron al hospital con los papeles en regla, el cuerpo de su tía ya no estaba y un guardia les dijo que había entrado un carro de Medicina Legal que se llevó cuatro cadáveres al Hospital Guasmo Sur, entre ellos el de la tía.
Sin embargo, en ese hospital no había señales del ingreso de ningún vehículo con cuerpos, incertidumbre que aumentó aún más tras una llamada del hospital en la que aseguraron que el cadáver fue incinerado.
La familia sabía que el cadáver ya no estaba en ese hospital, sino que lo habían llevado Medicina Legal. Incluso trataron de entrar a buscar el cuerpo en la morgue tras el ofrecimiento del guardia, misión que no pudieron acometer al carecer de indumentarias de bioseguridad.
Tras 18 días, el nombre de su tía tampoco aparece en la página que habilitó el gobierno para localizar a los sepultados. «Nos queda la culpa al pensar que quizá no hicimos lo suficiente para encontrar el cuerpo», lamenta embargado por la impotencia.
Doce días de incertidumbre
Otro nombre que tampoco aparece en las listas oficiales es el del papá de Liliam Larrea, que perdió la vida el 31 de marzo en el hospital del IESS de Los Ceibos, tras cuatro días hospitalizado.
«Antes de ingresarlo recorrí tres clínicas privadas y ninguna quiso recibirlo porque tenía problemas respiratorios y necesitaba oxígeno», explica la hija, que lo vio por última vez el 30 de marzo.
Larrea rememora cómo la doctora de guardia le comentó que se preparara porque su progenitor de esta no pasaba, pese a que entró caminando y consciente. «Nunca le hicieron la prueba de covid-19, pese a que yo insistí», asevera a Efe.
Desde la notificación del fallecimiento, Larrea empezó a recorrer todos los cementerios de la ciudad en busca de los restos del padre.
«No me dieron ni el certificado de defunción, que no solo lo necesito para trámites personales, sino que tengo el derecho a tenerlo», reclama.
Diez días después del deceso recibió una llamada del hospital. «Me dijeron que los restos de mi papá están en el Parque de La Paz, en La Aurora, en el segundo contenedor».
La hija debe esperar al lunes para poder dirigirse en vehículo hasta el cementerio para corroborar los datos, debido a la restricción vehicular.
Con el cuerpo pero sin poder enterrarlo
El calvario de María Paredes tampoco concluye. Lleva cinco días de espera para poder inhumar a su padre.
Junto a su hijo, hace cola en los exteriores del cementerio Jardines de la Esperanza, en el norte de Guayaquil, con el cuerpo de su esposo guardado en un ataúd de cartón.
Su marido murió de un paro cardíaco el 7 de abril y aunque nunca cursó síntomas de coronavirus, Paredes asegura que su situación es la misma que atraviesan los que han perdido a un familiar por la pandemia, que ya deja 7.466 contagiados y 333 fallecidos en Ecuador, sin contar otros 384 casos probables.
Con su marido en casa durante tres días hasta que las autoridades procedieron a su levantamiento, Paredes siente que esta situación destroza. «Nunca pensé que pasaríamos por algo así», comenta.
Varias veces le ha tocado hacer fila en el cementerio, un esfuerzo infructuoso, incluso llegando muy temprano puesto que lo normal es que, tras la espera, te toque dar la vuelta por la cantidad de cuerpos que aguardan sepultura.
«He visto más de 100 ataúdes en los últimos días», dice.
Políticos se culpan de la situación
La alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, se refirió a la cuestión al responder el sábado a unas críticas del vicepresidente, Otto Sonnenholzner, vertidas en una entrevista con Efe.
«Cuando este le diga a los familiares dónde están los cuerpos perdidos de sus seres amados, ahí respondo», señaló.
La situación llevó a las autoridades locales y nacionales a polemizar y culparse mutuamente de hacer política con el caso.
El responsable de Tarea Conjunta para la crisis de los cadáveres, Jorge Wated, indicó hoy que la página del gobierno tiene identificados 600 sepultados en dos cementerios de la ciudad.
El resto de los decesos, aclaró, están repartidos en puntos logísticos que se establecieron por la incapacidad de las morgues, tanto los fallecidos en hospitales, como en domicilios particulares.