Por segunda vez, el gobierno de Gustavo Petro tiene que echarse para atrás en temas de un texto normativo en menos de una semana. Primero fue el borrador del manual tarifario publicado por el Ministerio de Salud y luego un proyecto de resolución que endurecía las condiciones para que los venezolanos entraran a Colombia.
El documento, que reemplazaría la resolución 2231 del 9 de junio de 2021, indicaba que las personas que deseen ingresar a territorio nacional deberán presentarse “ante la autoridad migratoria con su pasaporte vigente, documento de viaje e identidad válido, según el caso, y con la visa correspondiente cuando sea exigible; y que deberá suministrar la información solicitada por la autoridad migratoria”.
Esto causó gran polémica ante las dificultades que tienen los venezolanos para renovar su pasaporte, tanto así que buena parte de la población se encuentra en Colombia con el documento vencido. Por eso durante el gobierno de Iván Duque se había expedido la resolución 2231, dándole una ventana de 10 años para renovar el documento.
“Mi gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos”
No obstante, en el borrador de la resolución se argumentó que las dificultades se habían superado puesto que se restablecieron las relaciones diplomáticas y consulares con el vecino país. “Las circunstancias especiales que llevaron a la formulación de la Resolución 2231 del 9 de junio de 2021 se consideran superadas”, decía el proyecto de resolución de la discordia.
Tanta fue la polémica que el presidente y el canciller encargado tuvieron que anunciar que no era cierto lo proyectado en el documento.
“Mi gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos”, dijo Petro en un mensaje en respuesta a una nota periodística acerca del efecto del borrador.
Horas después también habló el canciller (e) Luis Gilberto Murillo. «Es importante que los funcionarios de esta Cancillería entiendan que la filosofía de este gobierno no es ponerle trabas a la población migrante, sino facilitarles su acogida. Tienen que tener una concesión distinta».
Las declaraciones del canciller fueron un claro llamado de atención a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. La razón es que, según fuentes de Cancillería, el documento nunca fue consultado con Murillo y mucho menos tuvo el visto bueno de este.
Según la información obtenida por EL TIEMPO, las áreas de la cartera tienen libertad para la proyección de decisiones, como ocurrió con los contratos de los pasaportes. En este caso un funcionario encargado de esos asuntos proyectó una resolución en la que se restablecía la exigencia de pasaportes vigentes a los migrantes venezolanos.
No fue difundido
Sin embargo, la propuesta nunca pasó por el despacho de Murillo y no contó con el aval para su publicación y puesta a consideración para comentarios. Ante la polémica, fue el propio canciller quien pidió que descartara el documento, pues no representaba el espíritu del gobierno.
“Yo fui migrante. Me sigo considerando migrante. Y entiendo cómo los obstáculos le hacen a uno la vida imposible. Este gobierno progresista tiene que facilitarle a la población en movilidad humana su tranquilidad y dignidad con sus familias”, dijo Murillo.
Para soportar la postura de que nunca fue un documento con aval, en la Cancillería se ha mostrado que el borrador de resolución nunca fue difundido como sí se ha hecho con otros proyectos que buscan el parecer de la opinión pública.
Las consecuencias de exigir pasaporte
En medio de la polémica, la tesis principal era que la determinación de exigir pasaporte vigente le era favorable al régimen de Nicolás Maduro, pues hacía más difícil la salida de venezolanos del país e iría en una línea de menores facilidades para la población que busca salir de Venezuela por las acciones del gobierno. Sin embargo, esto podría tener serias implicaciones en los venezolanos que querían migrar y los que incluso estaban ya en Colombia.
María Gabriela Trompetero, investigadora sobre migración que dio a conocer la noticia, consideró que este es un asunto que para Colombia no representaba “casi ninguna presión interna” y que probablemente esa decisión «era una exigencia del gobierno de Maduro en este momento electoral donde solo goza de rechazo popular y, por lo tanto, necesita facturar”.
«En retroceso en política migratoria en Colombia»
La investigadora, que hizo un análisis de las implicaciones de esta posible medida en sus redes sociales, agregó que la decisión habría tenido implicaciones no solo para los venezolanos que viven en Colombia, sino para aquellos que residen en Ecuador debido a que en ese país ya no hay consulados por orden de Maduro.
“¿Cuántas personas venezolanas en Colombia que pudiesen ir a votar a Venezuela (ya que el régimen de Maduro solo le permitió a un ínfimo número cambiar o actualizar su registro electoral en el extranjero) ya no podrán ir a ejercer su derecho a Venezuela porque Colombia exige ahora pasaporte vigente?”, preguntó Trompetero.
La periodista y antropóloga Catalina Lobo-Guerrero, quien fue corresponsal para varios medios en Caracas, consideró que más allá de la declaración del presidente Petro, esta «era una medida que significaba un retroceso en política migratoria en Colombia, que a diferencia de otros países de la región que han impuesto medidas restrictivas para los venezolanos, había mantenido una postura más humanitaria y de respeto a los derechos de los migrantes».
Políticas migratorias retardatarias
«Algunas encuestas recientes venezolanas, la Delphos, señalaban que el 25 por ciento de los venezolanos estaba dispuesto a emigrar y que cuatro de cada cinco aceleraría esa decisión si Maduro volvía a ganar. Y entonces esta medida o proyecto de decreto en Cancillería se leyó como Colombia estaba anticipándose a esa situación y quería cerrarle las puertas a esos nuevos posibles emigrantes», agregó Lobo-Guerrero, quien sostiene que esta medida hubiera impedido votar en las próximas elecciones presidenciales a venezolanos que no pudieron registrarse en el exterior y quieren viajar a su país.
Incluso se llegó a poner sobre la mesa que el gobierno estaría teniendo políticas migratorias retardatarias en comparación a la administración de Iván Duque, que logró avances para que los venezolanos pudieran estar en el país en el medio de la crisis por el régimen de Maduro.
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