La Fiscalía de Madrid ha dirigido un escrito al juzgado que investiga la conveniencia del rescate público a la aerolínea Plus Ultra, en el que insta a desbloquear los 34 millones de euros pendientes al no apreciar delito y para evitar una situación de iliquidez a clientes y acreedores.
En un escrito fechado este 29 de julio al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía indica que «no está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna».
También destacan que la ayuda pública “es imprescindible para el mantenimiento de la compañía”, según reseñó La Razón.
Mecanismos
En el texto recordaron un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que “concluye que la concesión y desembolso del préstamo a Plus Ultra no supone un quebranto patrimonial” para el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
Además, la Fiscalía -que esgrime también la decisión del Tribunal de Cuentas de no investigar el rescate al no ver indicios de un desvío contable- hace énfasis en que si finalmente se desbloquea la medida y se autoriza la concesión del préstamo participativo “existen mecanismos importantes de control” para garantizar su devolución. “En el propio contrato de otorgamiento de las ayudas se establecen una serie de garantías que se estiman adecuadas y suficientes para el adecuado cumplimiento de los objetivos de las mismas y preservación de los fondos públicos”, recalca.
Aseguran que “la gestión económica del fondo a través del Consejo Gestor estará anualmente fiscalizada y se podrá comprobar cualquier irregularidad en relación con la concesión de las ayudas”.
Señalan que “existen asimismo garantías adicionales para la restitución de los préstamos debidamente pormenorizadas en el Plan de Viabilidad aportado por la compañía”.
Caso Plus Ultra: consecuencias
El cese de la actividad de la aerolínea «generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta al empleo de 2700 trabajadores».
Todo ello redundaría en un impacto de «365 millones de euros en términos de facturación».
En el texto argumentaron que del total de los cerca de 50 millones de euros de pasivo del balance de la compañía aérea, “los clientes, por el pago anticipado de billetes de avión, y los acreedores comerciales, suponen un 80%, por lo que una eventual situación de iliquidez de la compañía dejaría a dichos colectivos como principales perjudicados”.