Orden de busca y captura internacional contra Carles Puigdemont y el que fuera su consejero en la Generalitat de Cataluña, Toni Comín. La Fiscalía del Supremo ha solicitado al instructor de la causa del proceso, el magistrado Pablo Llarena, que reactive las euroórdenes contra ambos políticos separatistas, prófugos de la Justicia española, para que sean entregado desde Bélgica, donde se encuentran, desde 2018, para poder continuar el procedimiento penal en su contra por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Los fiscales del Alto Tribunal han dado este paso después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) levantara, el pasado 5 de julio, la inmunidad de la que gozaban cautelarmente ambos eurodiputados, dando vía libre, así, a la Justicia para reactivar las euroórdenes que pesaban sobre ellos, hacer efectiva su puesta a disposición de las autoridades españolas y responder, penalmente, por sendos delitos de desobediencia y malversación agravada, como cabecillas del referéndum inconstitucional del 1-O.
Además de las euroórdenes, la Fiscalía ha solicitado que se emita orden de busca y captura internacional contra ambos por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición, con un tercer país de fuera de la UE, según recoge el escrito notificado, este mismo lunes, desde el Ministerio Público.
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Carles Puigdemont
No en vano, el juez Llarena esperaba, desde hace días, a que la Fiscalía moviese ficha para poner en marcha la maquinaria judicial que había dejado en suspenso, a comienzos de este mismo año, a la espera de conocerse el sentido de la sentencia de la Sala Sexta ampliada del Alto Tribunal de Luxemburgo. El Ministerio Público, según avanzó El Debate, trabajaba en el tema Puigdemont para hacerlo bien y pronto pero siempre con el horizonte de no interferir en el escenario pre electoral del pasado domingo 23-J.
La dificultad que hubo para ejecutar las órdenes anteriores ha hecho a la Fiscalía tomarse su tiempo pero sin dilaciones. Cierto es que el recurso contra la decisión del TGUE permite a Puigdemont presentarlo hasta mediados de septiembre y, tan sólo en un mes más, el TJUE habrá resuelto si concede, cautelarmente, de nuevo, la inmunidad mientras tramita el asunto de fondo. Sin embargo, los fiscales Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno han advertido en su escrito que, aunque el fallo del TGUE no sea firme, y las defensas de los afectados hayan avanzado que lo harán, esta situación no genera «efecto suspensivo» alguno.
Así, «teniendo en cuenta su situación personal –huidos de la justicia y en rebeldía procesal– resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados», han aclarado los fiscales. Sobre las últimas, los representantes del Ministerio Público han aclarado que procede acordarlas «por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición».
Por el contrario las OEDE que estaban vigentes hasta el pasado enero, cuando Llarena las dejó sin efecto tras revisar el procesamiento de los huidos del ‘procés’ a la luz de la reforma penal con la que el Gobierno de Pedro Sánchez, eliminó la sedición y suavizó la malversación, el trámite más sencillo y recomendable era el de recuperarlas.