La Fiscalía cubana pidió hasta nueve años de cárcel contra seis personas que participaron en una protesta antigubernamental en la pequeña localidad de Caimanera (oriente), colindante con la base naval estadounidense de Guantánamo.
En total, la Fiscalía pide una sanción conjunta de 37 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos, atentado e instigación a delinquir, de acuerdo con el escrito, fechado el domingo y al que tuvo acceso EFE este lunes.
Las edades de los imputados oscilan de entre los 27 y 50 años.
El 6 de mayo pasado, un grupo de vecinos de Caimanera (10.000 habitantes) se manifestó en contra de la gestión del gobierno y los largos apagones que se registraban en el municipio.
Según pudo saber EFE en aquel momento, y como constó en videos compartidos por algunas ONG como Amnistía Internacional, a la protesta le siguió una fuerte movilización policial y la represión de algunos de sus integrantes.
La Fiscalía -que argumentó que hubo «resistencia» al arresto de algunos acusados- añadió que al lugar acudieron miembros de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior (conocidos como boinas negras).
La plataforma internacional de monitoreo de internet Netblocks, y otras similares como Cloudflare Radar, confirmaron la caída del internet en todo el país al poco de registrarse las manifestaciones.
En su escrito, la Fiscalía señaló que dos de los acusados -en los primeros días, las autoridades hablaron de tres- iniciaron la marcha presuntamente en estado de ebriedad -algo que han negado los activistas- al grito de «abajo el comunismo», «patria y vida (lema de las protestas masivas de 2021)» y «nos están matando de hambre».
Ambos, siempre según la acusación, buscaron que más vecinos se les uniesen.
Posteriormente, junto con otros, se dirigieron a la sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) para seguir gritando consignas «por espacio de 15 minutos» y volvieron al punto en el que se inició la protesta.
Dos de los imputados están bajo prisión preventiva.
Solo por las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J), las mayores en décadas, se han registrado unas 700 sentencias de cárcel, algunas de hasta 30 años, según registros de distintas ONG como Justicia 11J y Prisoners Defenders.
Asimismo, estas organizaciones cifran por encima de 1.000 los presos políticos en el país. Justicia 11J ha documentado en los últimos dos años la detención de 1.887 manifestantes, de las que 793 continúan en prisión.
Más de 900 han sido sancionadas y cerca de un centenar han marchado al exilio. El gobierno insular ha tachado de «contrarrevolucionarios» a los manifestantes procesados y ha asegurado que estaban organizados y financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema imperante en la isla desde 1959.