EFE
El nuevo director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el chino Qu Dongyu, afronta el reto de movilizar más esfuerzos públicos y privados contra la malnutrición, en claro ascenso en el mundo.
Dongyu comenzó este jueves su mandato en sustitución del brasileño José Graziano da Silva, que en sus casi ocho años al frente de esa agencia insistió en la necesidad de lograr dietas más saludables y sostenibles, visto que producir alimentos suficientes a nivel global no bastan para acabar con el hambre.
Todo lo contrario: en 2018 la desnutrición crónica creció por tercer año consecutivo hasta afectar a casi 822 millones de personas, al tiempo que ya son más quienes sufren la obesidad y unos 2.000 millones (uno de cada cuatro individuos) tienen inseguridad alimentaria.
En esa compleja transición hacia dietas de peor calidad todavía no se ha generado la respuesta que los expertos reclaman con el fin de erradicar todas las formas de malnutrición para 2030, como marca la agenda de desarrollo sostenible pactada a nivel internacional.
La directora del Grupo Mundial sobre la Agricultura y los Sistemas Alimentarios para la Nutrición (GLOPAN, por sus siglas en inglés), Sandy Thomas, recalcó a Efe que “los gobiernos necesitan facilitar un cambio en la actividad del sector privado a favor de alimentos más nutritivos, asequibles y accesibles”.
Para lograrlo, instó a alcanzar “un entendimiento común sobre la combinación adecuada de regulaciones e incentivos”, como las ayudas y los subsidios que deberían apoyar dicha transformación mediante la inversión, la innovación y la eficiencia en el sector.
Solo en 2016 se calcula que los países de la Organización para la Cooperación y la Desarrollo Económicos (OCDE) destinaron más de 200.000 millones de euros en ayudas agrícolas, cantidad duplicada si se añaden las de países emergentes.
Con los subsidios actuales se afianza un modelo en el que, según la FAO, los productores no ofrecen lo que deberían, ya que siguen proporcionando, sobre todo, cereales como el maíz y el arroz y otros productos como la carne cuando lo que falta es consumir más frutas y verduras.
En uno de sus últimos actos como director general, Graziano da Silva llamó a gravar más aquellos productos como las bebidas azucaradas que causan efectos secundarios dañinos en la salud o el ambiente.
Criticó que, desde el mundo académico, las instituciones o la publicidad, hay muchas manos que interfieren y modelan los sistemas alimentarios, hasta terminar haciendo, por ejemplo, que la comida saludable sea más cara y difícil de encontrar en las ciudades.
La presidenta de la Alianza contra las enfermedades no transmisibles, Katie Dain, pidió un mayor liderazgo para elevar los impuestos de los productos de alto contenido de azúcares, grasas saturadas y sal, restringir o prohibir su publicidad y mejorar la información del etiquetado.
Las dietas deficientes y la malnutrición son responsables de casi uno de cada tres fallecimientos, y enfermedades no transmisibles como la diabetes o el cáncer, impulsadas en gran medida por esa mala alimentación, cuestan al mundo más de 6,3 billones de euros al año.
El sobrepeso y la obesidad se han convertido así en un tsunami que coexiste con el hambre en numerosos países y requiere “más colaboración entre sectores”, en opinión de Dain.
La alimentación del futuro estará condicionada por el aumento de la población mundial, la rápida urbanización y los cambios en las dietas, en especial en los países de ingresos medios y bajos.
“Hay factores sociales, ambientales y comerciales que influyen e incentivan el consumo de determinados productos a expensas de la salud. No se trata de culpar actitudes personales”, aseveró.
El director ejecutivo de la Alianza Mundial para Mejorar la Nutrición (GAIN), Lawrence Haddad, urgió a encontrar nuevos aliados puesto que los gobiernos o los donantes por sí solos no van a ser capaces de poner fin a la malnutrición.
Puntualizó que “la mayoría de las personas obtienen sus alimentos comprándolos en el mercado”, de ahí la importancia de involucrar al sector privado para promover los cambios, posibles siempre que haya movilización social.