A más de dos meses de la detención de Alex Saab en Cabo Verde, aún sigue siendo incierto si se procederá con la extradición solicitada por Estados Unidos, pues, aunque la justicia caboverdiana aprobó la solicitud, se mantiene el proceso de apelaciones.
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, reveló este miércoles que tiene información de que la estrategia planteada por la defensa financiada por Nicolás Maduro consiste en suspender las actividades del Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde, mientras se realizan las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
“La estrategia para evitar la extradición de Álex Saab consiste en suspender la actividad del Tribunal Supremo Justicia Cabo Verde, con la excusa del covid-19. Así me indica fuente cercana a Nicolás Maduro. Esperan elecciones de Estados Unidos”, dijo el exmandatario.
“Esto se planeó en reunión con los 2 caboverdianos en Miraflores”, agregó.
Alex Saab fue arrestado el 14 de junio en Cabo Verde, a raíz de una orden de captura emitida por Interpol. Se le acusa de una trama de corrupción vinculada con Nicolás Maduro, de quien presuntamente funge como testaferro.
Entre los múltiples cargos que Estados Unidos le imputa a Saab se encuentra lavado de dinero, por medio de los Clap. Además de ser intermediario entre el régimen y Turquía para la extracción de oro venezolano, así como conectar a Maduro con Irán para la ejecución de convenios que también supusieron la extracción de oro de Venezuela.
Viaje a Venezuela por Alex Saab
La Fiscalía de Cabo Verde imputó este martes a dos supuestos emisarios que habrían viajado en nombre del gobierno del país africano a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro y tratar el tema de su presunto testaferro, Alex Saab.
El Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación penal contra el empresario Fernando Gil Évora y el exdirector de Turismo Carlos Dos Anjos. Esto después de las informaciones que dan cuenta de un viaje de ambos a Venezuela.
El Ejecutivo de Cabo Verde aseguró que “no envió a nadie ni ninguna misión” a Venezuela y el Ministerio Público analizará si pudo haberse cometido “un delito de usurpación de la autoridad caboverdiana”, castigado con penas de entre uno y cinco años de cárcel, según la televisión pública RTC.