La crisis que arrastra desde hace décadas la Justicia de Bolivia, evidenciada por organismos y expertos internacionales, se profundizó en 2023 por la decisión del Constitucional de prorrogar el mandato de los magistrados de los principales tribunales del país al no haberse realizado las elecciones judiciales previstos para este año.
La lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados son algunos de los males crónicos en la administración de justicia de Bolivia. El país esperaba resolver la situación con la elección mediante voto popular de las máximas autoridades de ese órgano.
El abogado experto en derechos humanos Franco Albarracín dijo a EFE que al iniciar el año, la situación «ya era muy preocupante». Se dieron informes de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán; que señalaron que en Bolivia «no había ni hay independencia de jueces ni del Ministerio Público».
El listado de la organización civil World Justice Project situó a Bolivia «entre las peores justicias en el mundo», una situación que, según dijo Albarración, «solo ha empeorado» durante este año.
«Y eso que aún no se ha registrado en los datos de estos organismos los hechos recientes, como la falta de las elecciones judiciales y la resolución emitida por el Tribunal Constitucional de oficio que faculta su autoprórroga de manera inconstitucional, generando nuevamente un golpe a la democracia», sostuvo.
Falta de independencia
Para el experto, el órgano Judicial «ha encaminado acciones» que incrementaron «la falta de independencia» y generaron «quiebres constitucionales«. Así como también “problemáticas de orden estructural en los otros órganos de poder».
Mencionó, como ejemplo, la reciente decisión del vicepresidente del país y presidente del Legislativo, David Choquehuanca, de instruir el receso parlamentario de fin de año pese al reclamo de la oposición y la facción oficialista leal al expresidente Evo Morales (2006-2019) ante temas urgentes que deben resolver los legisladores, entre ellos, la elección judicial.
Elecciones polémicas
La Constitución, vigente desde 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Constitucional Plurinacional (TCP), Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a jueces afines al oficialismo.
Este año el proceso de preselección de candidatos no avanzó por medidas dispuestas por salas constitucionales y además por las peleas internas en el MAS que dificultaron la aprobación de leyes en el Parlamento.
Hace dos semanas, el TCP dispuso la continuidad de las funciones de los magistrados a partir de enero próximo y declaró inconstitucional el proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales para «evitar un vacío de poder» en ese órgano mientras se elige a las nuevas autoridades.
En su momento, el gobierno de Arce se mostró contrario a prorrogar el mandato de cualquier autoridad, en apego a la Constitución.
Pero tras la decisión del Constitucional, el ministro de Justicia, Iván Lima, defendió que «una sociedad como la que hay en Bolivia, que es profundamente respetuosa de su Constitución, exige que los cuatro órganos del Estado funcionen simultáneamente y permanentemente».
Expresidentes, oposición y expertos criticaron la prórroga al considerarla un «golpe judicial».
Perspectivas para 2024
«Al parecer, vamos a tener una justicia inconstitucional durante 2024» al estar en tela de juicio la legitimidad de las autoridades prorrogadas, lo que generará «un caos de gobernabilidad y de administración de la Justicia» en Bolivia, consideró Albarracín.
Este «caos judicial y constitucional» dará «mucho más poder al órgano Ejecutivo» sobre los otros órganos del Estado, señaló el experto. Para él probablemente a eso apuntaba el gobierno, «a tener ese caos en la administración de justicia para tener una gobernabilidad casi total durante 2024».
Para Albarracín, lo que se desea es que haya elecciones judiciales, que exista una reestructuración en la justicia y se garantice la independencia de poderes, pero lo que se prevé es «que haya una influencia mucho más grande» del Ejecutivo, «sobre todo a la luz de las futuras elecciones» generales de 2025.
El abogado sostuvo que si bien las elecciones judiciales «no iban y no van a cambiar la problemática de la administración de justicia, eso no quita la obligación que tenían las autoridades» para convocar a esos comicios.
«Se deberían realizar estas elecciones y luego pensar en algún tipo de reforma que sí pueda brindar un verdadero cambio a la administración de justicia», agregó.