La Corte Suprema de Brasil aprobó este miércoles una tesis jurídica que permite responsabilizar legalmente a medios de comunicación por la publicación de entrevistas con personas que atribuyan falsamente crímenes a terceros.
La tesis, que deberá ser utilizada como referencia por tribunales de instancias inferiores, establece que los medios de comunicación podrán ser hechos responsables por informaciones «injuriosas» y «mentirosas» bajo dos escenarios.
El primero es que en el momento de la publicación hubiera «indicios concretos» de que las acusaciones vertidas por el entrevistado eran falsas.
El segundo escenario es si el medio «dejó de observar el deber de cuidado en la verificación de la veracidad de los hechos y en la divulgación de la existencia de tales indicios».
📺 @STF_oficial fixa critérios para responsabilizar empresas jornalísticas por divulgação de acusações falsas. Segundo a decisão, empresas têm o dever de verificar a veracidade dos fatos alegados e de esclarecer ao público que as acusações são sabidamente falsas. Saiba mais:… pic.twitter.com/TofrwhdBid
— STF (@STF_oficial) November 29, 2023
Autocensura
El caso viene de una denuncia de 1995 contra el diario de Pernambuco por haber publicado una entrevista en la que un comisario de la policía acusaba sin pruebas a un político de haber participado en un atentado con bomba en el aeropuerto de São Paulo durante la dictadura militar.
El diario de Pernambuco se amparó en la libertad de prensa, pero terminó condenado a pagar una indemnización al demandante, decisión que fue recientemente confirmada por el máximo tribunal.
Asociaciones de periodistas, entre ellas Reporteros sin Fronteras, firmaron una carta esta semana en la que alertaban de una «permanente amenaza de procesos judiciales» y de la posibilidad de autocensura en caso de que la Corte aprobase la tesis.
«Imputar una responsabilidad que no cabe a los medios puede forzarlos, por ejemplo, a tener que hacer un control previo de las respuestas de los entrevistados o a dejar de entrevistar», aseguraron los firmantes.
La carta citaba que en los últimos 10 años se han registrado 6.000 denuncias que tenían como objetivo el «cercenamiento de contenido periodístico».
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