Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, viajará a finales de noviembre a Bolivia para evaluar la situación de derechos humanos en el país, sacudido por fuertes protestas desde hace semanas.
En una carta, publicada en Twitter, la CIDH especificó que la visita de trabajo se realizará entre el 22 y 25 de noviembre. También estará liderada por Abrão junto con un equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos.
En una reunión de la OEA celebrada el pasado 12 de noviembre, la misión de Bolivia, integrada por diplomáticos nombrados por el ya ex presidente Evo Morales, pidió a la Comisión que acudiera al país.
La CIDH dio datos que indican que 23 personas murieron y 715 han resultado heridas desde las elecciones del pasado 20 de octubre. Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.
Posteriormente, el 10 de noviembre, un informe de los expertos electorales de la OEA advirtió de irregularidades muy graves en las elecciones. Entre ellas, una importante manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados.
En ese contexto, el 11 de noviembre, Evo Morales abandonó Bolivia después de que las Fuerzas Armadas le forzaron a dejar el cargo y recibió asilo en México.
La renuncia de Morales se calificó de golpe de Estado por varios gobiernos y políticos latinoamericanos.
Críticas al gobierno de transición
Otros países reconocieron el Ejecutivo Interino de Jeanine Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional instó al diálogo. Sin embargo, no declaran sobre la crisis política.
La CIDH se ha mostrado muy crítica con un decreto del gobierno provisional liderado por Áñez, que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan en legítima defensa o en estado de necesidad y bajo criterios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.
A juicio de la comisión, ese decreto “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta”.
El gobierno de Áñez respondió argumentando que no supone una licencia para matar y que se enmarca en la Constitución y las leyes del país.