Representantes de la Asamblea Nacional denunciaron este miércoles en Madrid el ecocidio que lleva a cabo el régimen de Nicolás Maduro en el Arco Minero del Orinoco.
El Arco Minero del Orinoco es una zona amazónica rica en oro, diamantes y coltán, apreciado en la fabricación de teléfonos móviles.
La explotación de esos recursos es un ecocidio en el que están implicada la familia de Maduro. Especialmente su hijo, Nicolás Maduro Guerra, y los militares fieles al régimen que están causando un grave daño ambiental.
La subcomisionada presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Isadora Zubillaga, explicó que con ocasión de la celebración de la Cumbre Mundial del Clima una delegación del Parlamento se reunió con países como Francia, Holanda, Canadá y Perú para denunciar esta situación. Dicha denuncia también llevarán hasta Bruselas.
El Arco Minero del Orinoco, una área de 111.000 kilómetros cuadrados, que comprende 12% de la extensión del país, está sufriendo una gran deforestación con la explotación minera que realiza el régimen de Maduro.
Toda esa ruina traerá como consecuencia la «destrucción del suelo, haciéndolo más frágil. Por lo que su recuperación va a ser prácticamente imposible», dijo Eugenio Chacón, profesor universitario e investigador en el Área Ecológica y Cambio Climático.
Chacón explicó que la explotación minera en esa zona, área importante en la mitigación del cambio climático y que ocupa mayoritariamente el norte del estado de Bolívar y en menor proporción el noreste del estado de Amazonas y parte del estado del Delta Amacuro, «no solo causa deforestación, sino un aumento de los gases de efecto invernadero».
Las consecuencias de la minería
El uso de mercurio para separar el oro de la tierra, que luego cae a los afluentes del río Orinoco, es una de las causas de la contaminación ambiental. Las aguas y de los recursos pesqueros de más de 20 etnias indígenas que viven en la zona, denunció el profesor.
También influye, explicó, en el aumento del ciclo de vida de los zancudos, los mosquitos que transmiten la malaria, por lo que se expanden las enfermedades que afectan las poblaciones más vulnerables, fundamentalmente a los pueblos indígenas. «25% de las muertes en el estado de Bolívar son por malaria», afirmó.
La contaminación de los ríos afecta también directamente al embalse de Guri, la fuente de energía más importante de Venezuela. La tercera hidroeléctrica más importante del país y que antiguamente producía 70% de la electricidad, indicó Américo de Grazia, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar e integrante de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo.
De Grazia, que tuvo que abandonar Venezuela por denunciar la situación del Arco Minero del Orinoco, aseguró que mediante los decretos aprobados desde el gobierno del fallecido Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, la explotación de esa zona ha pasado del 12% al 50% del territorio nacional, lo que correspondería a dos veces Italia.
El diputado aseguró que hay 1.900 minas ilegales controladas por los que denominan localmente «pranes que están armados por los militares, que están en consonancia con grupos terroristas como las FARC, el ELN e Huizbulá».
La trata de mujeres, otra consecuencia
La trata de personas, sobre todo de mujeres indígenas, es otra consecuencia de esta situación, señaló la subcomisionada presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Isadora Zubillaga.
«En muchos casos llegan a otros países como Brasil o Colombia con enfermedades de transmisión sexual o embarazadas», denunció.
Zubillaga indicó que desde la Asamblea Nacional, dirigida por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, se están trazando planes alternativos para revertir esta situación.
El siguiente objetivo, dijo, es denunciar esta situación en Bruselas, con el fin de que se aprueben nuevas sanciones, que «sí son efectivas, pero que deben ser globales para serlo más».
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